Ante las advertencias de que la Cancillería estaría buscando favorecer a un viejo contratista del Estado en medio de una licitación millonaria por la que compiten diez empresas multinacionales, la entidad del Gobierno informó que el proceso licitatorio será público en las instalaciones del Auditorio López de Mesa, ubicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que todas las entidades puedan conocer a detalle el proceso.
Asimismo, publicó el cronograma del proceso contractual al conocimiento público para quienes estén interesados en participar y para el seguimiento ciudadano.
Con las denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que, de acuerdo con el Artículo 273 de la Constitución, cualquiera de los proponentes de la licitación puede solicitar que las autoridades de control fiscal, entre ellas la Contraloría, ordenen que el acto de adjudicación tenga lugar en audiencia pública.
Esto como mecanismo de transparencia en la adjudicación de cuantiosos e importantes contratos, como el actual para la determinación de la empresa que se encargará de la impresión de visas y pasaportes en Colombia.
En el comunicado publicado por la Cancillería se manifiesta que “es de resaltar que el autor del artículo 273 de la Constitución Política de Colombia fue el exconstituyente Álvaro Leiva Durán, hoy Ministro de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, es de su interés que el proceso de licitación antes mencionado se lleve con total transparencia”.
Cabe señalar que la Procuraduría General de la Nación ya tiene puesta su mirada sobre este proceso por presuntas irregularidades en requisitos y cronograma. Aquí entra el temor por una posible escasez en los documentos.
Esto debido a que si la entidad decide intervenir e investigar a fondo, la contratación de este proceso podría darse aún más tarde de las fechas estipuladas, lo cual sería después de que termine el contrato que hay actualmente para la impresión de las visas y pasaportes, dejando un bache de tiempo en el que podría no haber una entidad responsable de esto.
Pero ¿por qué está la Procuraduría con la lupa puesta sobre este proceso?
De acuerdo con una denuncia de El Colombiano, la licitación de $ 600.000 millones que en este momento está en curso busca definir qué empresa será la encargada de la impresión de visas y pasaportes durante los tres años de Gobierno que le quedan a Gustavo Petro.
Las anomalías estarían en el pliego de condiciones definitivo, el cual tiene los requisitos que todas las empresas interesadas deben cumplir para quedarse con el contrato y que, según la denuncia, estaría acomodado para que una sola compañía pueda quedarse con este. Esta es la multinacional Thomas Greg and Sons (TGS).
Esta empresa ha logrado quedarse con todos los contratos para la impresión de pasaportes desde el 2009, y también con los procesos para la imprenta de los votos utilizados para las elecciones regionales y nacionales de la última década.
El medio de comunicación de Antioquia también señala que el pasado 24 de mayo se publicó el pliego de condiciones en el que se destaca como una prioridad que la empresa adjudicataria tenga una planta de producción en Bogotá, un requisito con el que solo cumple TGS en la actualidad.
Además, una vez se conoció esa información y creció el escándalo en el país, la Cancillería comunicó solo un día después que ahora todas las sedes en cualquier zona de Colombia tendrían el mismo puntaje.
Pero esa no sería la única condición difícil de cumplir para los demás participantes. Tanto es así que, al parecer, ya varias empresas inmersas en el proceso contractual habrían manifestado presuntos beneficios para TGS, entre estas Veridos, la imprenta nacional alemana; InGroup, encargada de esos documentos en Francia, Perú y otros países, y Cadena, una firma paisa aliada a la Casa de Moneda de Portugal.