El temor y la zozobra sigue imperando en muchas zonas del Bajo Cauca antioqueño por cuenta de la persistencia en la presencia y el accionar de diferentes grupos armados que buscan el control del territorio, pero además de las comunidades restringiendo sus libertades y con ello algunos de sus derechos fundamentales.
Este es el caso del municipio de Cáceres, donde en las últimas horas la Defensoría del Pueblo reveló que por lo menos habitantes de 33 de sus veredas se encuentran confinados por cuenta de los constantes enfrentamientos que limitan no solo la movilidad, sino la posibilidad de trabajar, alimentarse y recibir educación.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, instó no solo a estas estructuras al margen de la ley, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del ELN, para que dejen de lado en sus acciones a la población civil, sino que además llamó la atención de las autoridades para que atiendan de manera oportuna esta compleja situación humanitaria.
“Como defensor del Pueblo me comprometo a impulsar la articulación institucional para buscar que las diferentes entidades del Estado hagan presencia y acompañamiento a las comunidades de Cáceres, de manera especial, a las que habitan en 33 de sus veredas, y, claro que sí, a las de toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño”, aseguró Camargo.
Las comunidades afectadas por los confinamientos han denunciado especialmente dificultades para trabajar especialmente en actividades mineras, asunto que naturalmente afecta al comercio y el transporte en la subregión al depender en buena medida de esta labor.
La Defensoría del Pueblo se comprometió, junto al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), para brindar asistencia humanitaria a por lo menos 972 familias que están enfrentando una difícil situación.
“Las comunidades confinadas en sus propios territorios están pasando hambre, ya que viven en medio de todos los actores armados. Allí hay presencia del ELN, de las disidencias de las Farc y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como AGC - Clan del Golfo”, apuntó el defensor Camargo.
La situación denunciada por la Defensoría se produce a pocos días de que la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en esta misma subregión, ubicada en Caucasia, notificara la suspensión de sus actividades tras las amenazas a varios integrantes de su personal administrativo, algo que también habla del complejo panorama de seguridad en el Bajo Cauca.
Según relató el director de la Regional Noroccidente de esta entidad judicial, Kevin Fabián Mejía Muñoz, hombres en moto llegaron hasta las instalaciones, increparon a algunos funcionarios y les manifestaron que “no querían que Medicina Legal estuviera en Caucasia”.
“La institucionalidad es una, pero las decisiones son independientes y autónomas. No compartimos esa decisión, pero vamos a buscar con Medicina Legal que se restablezca la presencia allí, ofreciéndoles todo el respaldo y buscando con los demás organismos del Estado, que se le brinde esa seguridad a la institución”, manifestó sobre lo sucedido el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
Precisamente el mandatario seccional ha sido crítico del proceso de ‘paz total’ que adelanta el Gobierno nacional y en reiteradas ocasiones ha expresado que estos acercamientos requieren definir protocolos más claros, pero además impedir escenarios en los que las estructuras al margen de la ley se sigan fortaleciendo.
“Voluntad de paz tenemos todos; todos anhelamos y soñamos con la paz, pero solo con la voluntad no se consigue, tiene que haber unos procesos con rigurosidad y metodología”, declaró Gaviria sobre el cese al fuego con el ELN que inicia precisamente este 3 de agosto.
Frente a este anuncio que llena a muchos sectores de esperanza y buenas expectativas de cara a lo que puede ser la continuación de un proceso de dejación de armas de parte de esta guerrilla, el gobernador de los antioqueños no deparó un buen futuro.
“Desafortunadamente no soy optimista, quisiera serlo pero no soy optimista porque se siguen cometiendo los mismo errores y espero que el presidente y el Gobierno nacional hagan cumplir lo que han dicho en forma enfática que es su anhelo: que los cese al fuego se conviertan en cese de hostilidades contra la población civil porque lo que hemos es todo lo contrario, se han aumentado esas hostilidades”, puntualizó.