Un nuevo hecho de inseguridad golpea a las comunidades indígenas en el Cauca tras la denuncia de desaparición de cuatro menores de edad del Resguardo Canoas, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento.
La senadora del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Aida Quilcué, reveló por medio de sus redes sociales que los menores tienen entre 12 y 14 años de edad.
“Exigimos a los grupos armados que los retienen su liberación inmediata y la protección de su integridad”, concluye el trino de la parlamentaria, que no entregó más detalles como el nombre del presunto grupo armado responsable del hecho.
El hecho fue reposteado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organismo que denunció que la escalada de violencia desatada en el norte del departamento en los últimos cuatro años ya ha dejado 374 asesinatos contra líderes, a manos de las disidencias de las Farc que operan en la región.
“Las acciones de grupos armados como el EMC [Estado Mayor Central] de las Farc como las de otros grupos armados que operan en el sector son rechazadas contundentemente por parte de la comunidad, quienes soportamos todas estas acciones de violencia por tantos años y que, posterior a la firma de un acuerdo de paz, lo único que esperan es poder vivir en armonía con el territorio, esperando tener garantizado nuestro derecho a la seguridad colectiva”, se lee en un mandato firmado por la CRIC.
En ese documento, el Consejo Regional enumeró varios actos violentos de los que ha sido víctima y se declaró en emergencia humanitaria y territorial, al considerarse en alto riesgo por el accionar de los grupos armados ilegales.
También mandataron “activar los puntos de control social y cuidado del territorio debidamente instalados en cada uno de los resguardos, para lo cual se deberá contar con la debida señalización, adecuada iluminación, equipo y redes de comunicación, alimentación y equipo de primeros auxilios”, así como los sitios de asamblea permanente.
De estas decisiones tomadas por la CRIC harán parte en su cumplimiento los resguardos de las jurisdicciones indígenas de San Francisco, Toribio y Tacueyó.
Como se recordará, en el municipio de Santander de Quilichao, a poco más de media hora de Jamundí, es donde fueron secuestrados el pasado 19 de abril los tres funcionarios del CTI de la Fiscalía, dos fiscales y una mujer, esposa de uno de ellos.
Los funcionarios fueron plagiados en la zona rural por la columna ‘Dagoberto Ramos’ del EMC, y desde esa fecha, pese a que los subversivos aseguran que los secuestrados están en un buen estado de salud, aún no avanzan con su liberación, mientras realizan pedidos al Gobierno Nacional y las familias afectadas sufren a diario por la preocupación.