El pasado 24 de mayo del presente año, el patrullero Andrés Idárraga Orozco fue asesinado en un ataque por parte de la guerrilla del ELN a un vehículo de la Policía Nacional.
Dicho vehículo que patrullaba las inmediaciones de Tibú, Norte de Santander, circulaba por una carretera de dos carriles cuando una carga explosiva detonó a su paso.
El atentado se produjo en medio de las negociaciones de paz que mantiene Gustavo Petro con el ELN. El Gobierno también tiene la intención de instalar una mesa de diálogo con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, justo las que operan en la región del Norte de Santander, donde se produjo el ataque.
Varios meses después y en medio de una ceremonia de ascenso de mandos, el presidente Gustavo Petro, ascendió de manera póstuma al patrullero Idárraga.
La Presidencia, a través de su cuenta en X (antes Twitter) publicó un video en el que se ve al mandatario saludando a la familia del uniformado.
¿Cómo fue el atentado?
Las versiones dan cuenta que el hecho se presentó exactamente en el sector vía La Uno de dicha municipalidad. Según trascendió, los ocho civiles, que resultaron lesionados, se desplazaban en un bus de transporte público. Por su parte, la mujer fallecida transitaba en una motocicleta cuando se registró la explosión.
Desde el gobierno departamental rechazaron lo sucedido: “los nortesantandereanos no aguantamos más muertes ni acciones violentas de los grupos armados. Rechazamos los hechos que acabaron con la vida de varias personas en el municipio de Tibú, y que enlutan a sus familias y al departamento que tanto anhela la paz. No es justo que esta población siga siendo víctima de atentados terroristas”.
En diálogo con Semana, Diego Villamizar, defensor de los derechos humanos en Norte de Santander, también condenó el ataque.
“Nuestro profundo rechazo a este ataque terrorista, nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, son cobardes y miserables los terroristas que atacaron de esta manera indiscriminada no solo a la fuerza pública, sino a la población civil, esto es una clara infracción al derecho internacional humanitario”, señaló el defensor.