Nuevamente, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica desatada por el tema de la licitación del contrato para la fabricación de pasaportes entregada por quien fuera el secretario General de la Cancillería José Antonio Salazar, a Thomas Greg & Sons.
A través de su cuenta de X, el Mandatario volvió a mostrar su inconformidad por lo que hizo el exsecretario, y hasta aseguró que el accionar de este quebrantó la ley.
“El señor Salazar ha roto la ley y es a la justicia penal a la que le corresponde investigar los motivos”, escribió el Jefe de Estado, como es habitual, en dicha red social. Seguido a ello, argumentó que “no se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto”.
Esta declaración hecha por el presidente Petro, se suma a lo dicho por el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien afirmó que Salazar “no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por Álvaro Leyva, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio”.
De hecho, señaló que el mismo exsecretario general “ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del Canciller (e)”, sostuvo el Jefe de la cartera de Relaciones Exteriores.
Murillo también resaltó que Salazar, quien fue removido de su cargo como secretario general de la Cancillería este lunes 26 de febrero, desde el pasado jueves 22 de febrero, sabía de su retiro.
En la actualidad, se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario.
“No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido”, agregó el Ministro de Relaciones Exteriores encargado.
Por lo tanto, según Murillo, estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del 2023 para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal.