Luego de más de un mes en controversia, Karen Abudinen finalmente entregó su carta de renuncia al presidente de la República, Iván Duque. La jefe saliente del gabinete, que se posesionó hace poco más de un año, enfrentaba un caos político por la acusación de un presunto favorecimiento con un anticipo a una empresa que debía ejecutar un contrato de conectividad en colegios.

La renuncia se da en medio de una alterada situación, pues hace tan solo tres días la Procuraduría anunció una investigación formal contra la ministra y para el 13 de septiembre estaba programado conocer el resultado de la moción de censura que el Congreso instaló contra la ministra.

Con su salida, Abudinen se convierte en la líder de cartera número 17 del Ministerio de las TIC, en el cual, desde 1991 hasta la fecha el tiempo promedio de un ministro en la cartera es de 1,9 años o de solo 21 meses. Cabe resaltar que desde 1976 hasta 2006 se llamaba Ministerio de las Comunicaciones y pasó a ser, en 2006, al de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, gracias a la Ley 1341 sancionada por el expresidente Álvaro Uribe.

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De esta información se conoció que, al parecer, varios líderes políticos del legislativo fueron los que presionaron para que la ministra renunciara, e incluso aseguran que pedían la salida de la ministra para que se aprobara positivamente la reforma tributaria que fue debatida desde el inicio de esta semana, ya que en medio de los debates el proceso de Abudinen fue muy mencionado, sobre todo, por la oposición que recordaba el tema de la presunta corrupción de la ministra saliente.

Aunque aún no se sabe quien será el próximo ministro, lo que sí sale a relucir es que la renuncia se presenta, específicamente, por el entramado de corrupción del que se la acusa, pues desde que fue nombrada el 5 de mayo de 2020, Abudinen siempre fue enfática en llevar a cabo el compromiso de conectar a Colombia hasta que se terminara el Gobierno de Iván Duque. Incluso, el mismo presidente defendió a Abudinen en medio de todo el caos político.

No obstante, para muchos la salida de Abudinen ya era casi un hecho, pues hace tan solo unos días la secretaria general de esa cartera, Adriana Meza Consuegra, y la subdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela, presentaron sus renuncias irrevocable a sus cargos, lo que dejaba ver que la renuncia de la ministra también podría llegar pronto.

Con esta renuncia, quien llegue a ocupar la cartera, tendrá como primer reto seguir con el compromiso de conectar a Colombia, pues aún hay una brecha digital muy amplia por cerrar, sobre todo, en las zonas rurales del país, en las que, tanto para la educación, como para el desarrollo de negocios agropecuarios, la conectividad es un obstáculo.

El segundo reto, y que tiene que ver con la coyuntura y también con la salida de Abudinen, será el de definir el futuro del contrato que busca llevar internet a más de 7.000 colegios públicos del país con un costo total de $1,07 billones, de los cuales siguen sin encontrarse $70.000 millones desembolsados como anticipo.

Adicionalmente, tendrá que hacer frente a la demanda que interpondrá la Unión Temporal Centros Poblados en contra de la Nación, luego de que la hoy exministra, Karen Abudinen, ordenará la caducidad de dicho contrato. Por ahora se conoce que este Ministerio estaría trabajando de la mano con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para preparar la defensa del caso.

En paralelo, el apoderado legal de la unión temporal, Jorge Pino Ricci, aseguró que “la demanda contenciosa en primer término lo que busca es la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad, esa es la idea principal. Pero la declaratoria de caducidad genera la terminación de los contratos en ejecución y adicionalmente una inhabilidad para celebrar contratos por cinco años”.

Ricci no aclaró por cuánto monto sería la demanda, la cual se presentará siempre y cuando el Juzgado Civil de Barranquilla decida declarar improcedente la acción de tutela.

“Los integrantes de la Unión Temporal tienen contratos por $8 billones con el Estado, no pueden demandar por ese monto, pero sí por la utilidad que hubieran recibido si hubieran ejecutado esos contratos. Entonces presentaremos una demanda de nulidad y una indemnización por perjuicios”, dijo el abogado.

A esto se suma un nuevo escándalo de corrupción que comienza a tomar fuerza y que tendría que sortear el nuevo ministro o ministra. Se trata de un posible caso de irregularidades en contrataciones de licitaciones de la empresa 4-72, firma vinculada a dicha cartera.

Según fue denunciado por el ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras, hubo una presunta colusión para unas licitaciones que se abrieron este año. Lo grave es que la Veeduría de Control advirtió sobre ello, pero nadie en el Ministerio hizo algo para detenerlo, dice el excandidato presidencial.

Las licitaciones que se presentaron fueron para los contratos de transporte para las ocho regionales de la empresa y una adicional para la ruta nacional. Ahí lo que llamó la atención fue que la firma postal adjudicó cinco de estos contratos; uno mediante licitación y cuatro más con invitación abreviada a las empresas que se presume están en colusión o cartel.

Las compañías beneficiadas en estos procesos fueron: Macroservicios Express, Megatransportes, Transportes Occidental, Transportes especializados del norte, E cargo, Serfletar y Camarca. A simple vista se podría decir que son empresas independientes, sin embargo, tienen varios hallazgos que, según el político, demuestran irregularidades.