En el coliseo Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado de Siapana en Uribia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reconocerá al pueblo Wayúu como sujeto de derechos. Ello para que participen en la planeación, desarrollo e implementación de la política pública que garantice los derechos al agua, la salud y la alimentación de la niñez indígena.
El acto, que estará en cabeza de la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, se da en cumplimiento del Auto 305 de 2023 de la Corte Constitucional y contará con la presencia de las autoridades, familias, voceros, accionantes y líderes indígenas de los cuatro municipios (Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha) donde se declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales por la vulneración de los derechos de la niñez señalados en la Sentencia T-302 de 2017.
”Este será un escenario de restauración entre el ICBF, como representante de la institucionalidad, y el pueblo wayúu. Estamos comprometidos en generar cambios estructurales que incluyen el reconocimiento del otro, el diálogo y la construcción de modelos integrales de atención que garanticen derechos”, aseguró la directora Astrid Cáceres.
En términos de lo aplicable, a partir del pronunciamiento del máximo tribunal se señala que en dicho acto, el del 13 de mayo, se deberá expresar la hoja de ruta o actividades que adelanta o espera adelantar el ICBF “para vencer expresiones prejuiciosas, estereotipadas o irrespetuosas entre sus empleados, operadores, agentes y directivos acerca del mundo social y cultural de esta etnia”, explican desde el Instituto.
ICBF Y UNICEF lanzan estudio sobre reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia
En otros temas, este 11 de mayo, se presentó el Estudio de caracterización de niñez desvinculada del conflicto armado entre 2013 y 2022. La investigación fue adelantada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
“El reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado es un delito persistente, continuo y en aumento, que necesita ser atendido con urgencia para garantizar la protección de la niñez, prevenir nuevos reclutamientos, y asegurar la salida y el restablecimiento de derechos de aquellos aún bajo el control de grupos armados ilegales”, aseguraron desde el Instituto.
Ahora, en este seguimiento, se analizó la situación de 2.181 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, atendidos por el Programa de Atención Especializada del ICBF entre 2013 y 2022. Y señalan que aunque estas cifras no son una expresión de la magnitud del reclutamiento, sí permiten hacer una caracterización que aborda causas, perfiles y condiciones de vinculación a los grupos, para proponer políticas públicas que atiendan la situación.
”Todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de un grupo armado es forzado. La niñez reclutada por grupos armados ilegales sufre graves vulneraciones a sus derechos y son siempre víctimas. Ni una sola niña o niño debería ser reclutado o usado para la guerra y todos los grupos armados deberían liberar de inmediato a aquellos que tienen en sus filas”, aseguró la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.
Asimismo, la representante de UNICEF en Colombia, Tanya Chapuisat, aseveró que cuando no hay garantía de los derechos básicos para los niños, niñas y adolescentes, como acceso a la educación, protección, salud, recreación o a vivir con sus familias y en hogares sin violencia, se aumenta su vulnerabilidad y el riesgo de ser reclutados o utilizados por los grupos armados organizados.
“Las niñas y niños deben estar en sus colegios, jugando, aprendiendo y en entornos protectores con sus familias, jamás en la guerra: garantizar el acceso a derechos a la niñez más vulnerable que habita principalmente las zonas rurales y urbanas con presencia de grupos armados ilegales y fomentar la consolidación de estos entornos protectores, son necesidades sentidas, abordarlas ayudará a prevenir que el reclutamiento, uso y utilización sigan en aumento”, aseguró Chapuisat.
Principales hallazgos
Entre los hallazgos más destacados, el estudio registra un aumento en el ingreso al programa de desvinculados de niñas, niños y adolescentes de comunidades étnicas, pasando de un 14 % a un 34 % en población indígena y de un 12 % a un 17 % a población afrocolombiana, entre ambas caracterizaciones.
Según el estudio realizado con niñez desvinculada, los departamentos que más registraron casos de reclutamiento en este período fueron: Antioquia (13,94 %), Chocó (13,25 %), Cauca (12,93 %), Nariño (10,82 %), Caquetá (8,48 %), Arauca (5,87 %), Meta (5,59 %) y Putumayo (5,14 %). En términos de municipios, Tumaco, en Nariño, fue el lugar donde más se registraron reclutamientos, seguido de Cáceres (Antioquia) y Tadó (Chocó).
El informe señala la existencia de entornos que propician el reclutamiento, ligados a pobreza, necesidades básicas insatisfechas, falta de oportunidades y medios de subsistencia, violencia en el hogar, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Sobre el grado educativo, se identificó que el 4,86 % de los niños no tenía ningún tipo de estudio al ingresar al Programa del ICBF; el 55,5 % estaba en primaria, el 39,02 % en algún grado de educación básica secundaria o media, mientras solo el 0,18% ya era bachiller. La edad promedio de reclutamiento es de 14,08 años.
La edad reportada se concentró entre los 13 y 17 años en el 80 % de los casos, en los hombres es de 14,2 años, mientras que de las mujeres es de 13,8 años. En el período anterior, la edad promedio de vinculación fue de 13,9 años. Igualmente, el estudio menciona que el 65,4 % de los participantes indicaron haber realizado actividades relacionadas con su uso y utilización por parte de los grupos armados organizados, ya fuera involucrándose en la cosecha o transformación de cultivos de uso ilícito, llevar razones, mensajes o mercancías y otras labores de inteligencia o vigilancia.