El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ratificó la destitución e inhabilidad de doce exfuncionarios de la entidad involucrados en el caso de corrupción ‘Invima paralelo’.

La sanción impuesta por 10 años, se fundamenta en los delitos de ‘cohecho propio’, ‘falsedad en documento público’ y ‘concierto para delinquir’, falta que se habrían llevado a cabo con el objetivo de agilizar algunos trámites ante el Invima de forma irregular.

Con esto, el grupo implicado logró manipular y desaparecer procesos sancionatorios, alterar, modificar y eliminar datos en el sistema de registro sanitario, alterar estudios de estabilidad y venta de productos, materia de decomiso, claramente con fines económicos.

El caso se destapó en el año 2018, cuando se conoció que esta red se dedicaba falsificar registros sanitarios de algunos productos de salud y fitoterapéuticos para beneficiar a laboratorios y empresarios a cambio de coimas.

Invima se encuentra investigando los medicamentos relacionados con dichos brotes. | Foto: Getty Images

Poniendo el riesgo la salud pública, este grupo de personas se encargaba de expender licencias de medicamentos falsos, la información sobre cómo funcionaba la red de corrupción, la halló la Fiscalía General de la Nación por medio de testigos claves que colaborar con la justicia para obtener una rebajas en el proceso.

El Invima es la única autoridad en Colombia que certifica medicamentos con soporte científico. Sin ese registro, el fármaco puede ser riesgoso para la salud. | Foto: COLPRENSA ©

Para ese entonces fiscal, además, relató que “por trámites de renovación de registro sanitario de un producto los capturados cobraban al menos 750.000 pesos. Por la venta de estudios de estabilidad de productos aprobados por el Invima, con lo que buscaban dar soporte a productos nuevos y cuyo registro era solicitado por los laboratorios intervenidos, tenían un valor promedio de 2.000.000 de pesos”, dijo.

Los resultados de este proceso se dieron a conocer hoy, luego de las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación (FGN), algunos fueron condenados por la justicia penal y otros se encuentran a la espera de un fallo definitivo.

De acuerdo con la Fiscalía, las propiedades afectadas fueron ocupadas en diligencias hechas por miembros del CTI en Bogotá, Medellín y Pasto, y se constató que su valor comercial podría superar los 10.000 millones de pesos. | Foto: COLPRENSA ©

De acuerdo como lo informó el Invima “los exfuncionarios, abusando de su condición como servidores públicos, incurrieron en la violación de las prohibiciones establecidas en el Código Único Disciplinario, afectando la imagen de la institución y la confianza depositada por la sociedad colombiana”.

La entidad asegura que actualmente trabajan en promover prácticas éticas, transparentes e integras, para evitar este tipo de hecho dentro de la Institución. Por ello, han extendido la invitación a toda la comunidad para denunciar cualquier tipo de conducta irregular que se presente.