La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la extensión por un año más de la medida de protección sobre los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la Brigada XX, los cuales se encuentran en custodia del Archivo General del Ministerio de Defensa.
En estos documentos, la JEP busca información crucial para esclarecer los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica (UP), así como posibles violaciones a los derechos humanos contra el Partido Comunista Colombiano, sindicatos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Protección extendida hasta 2025
La Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la JEP decidió que la salvaguarda de estos archivos se mantendrá hasta el 14 de marzo de 2025. En su pronunciamiento, la jurisdicción explicó que esta medida también abarca los documentos almacenados en el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (CAIMI) y el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM).
Según el documento emitido por la JEP, los archivos contienen información detallada sobre actividades de inteligencia llevadas a cabo contra líderes políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos. La relevancia de estos documentos radica en que pueden brindar evidencia clave sobre las estrategias utilizadas por el Estado y grupos armados para perseguir, vigilar y atentar contra estos sectores.
Señalaron los magistrados en su decisión.“La cautela no se puede levantar hasta tanto no se procese la información recopilada, ya que puede ser de gran utilidad para varias Salas y Secciones de la JEP”
Garantía de verdad, memoria y justicia
La decisión de la JEP también responde a la necesidad de proteger el derecho a la verdad de las víctimas, muchas de las cuales han denunciado que las autoridades han intentado ocultar información clave. En este sentido, los archivos pueden servir como prueba en futuras investigaciones sobre persecuciones, asesinatos y desapariciones de miembros de la UP y otros movimientos políticos y sociales.
Concluyó la JEP.“No se trata solo de hacer copias o escanear documentos, sino de analizarlos de manera rigurosa para evitar que conductas victimizantes se repitan y vuelvan a afectar los derechos humanos en Colombia”
Este proceso, que se enmarca dentro de la labor de la JEP para esclarecer crímenes de lesa humanidad, busca garantizar que los responsables sean identificados y que los hechos no queden impunes. La prórroga de la medida cautelar permitirá que el análisis de los documentos continúe de manera minuciosa, evitando su alteración, pérdida o manipulación.
Además, este caso tiene un valor simbólico, ya que la Unión Patriótica es considerada una de las víctimas más emblemáticas del conflicto colombiano. Miles de sus miembros fueron asesinados en un exterminio sistemático que, hasta el día de hoy, sigue siendo objeto de investigación.