La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por medio de la magistrada Catalina Díaz, ratificó que los denominados falsos positivos no fue una política de la seguridad democrática auspiciada por el expresidente Álvaro Uribe. Esto quiere decir que aunque sí sucedieron, la corte asegura que no fue un direccionamiento del entonces mandatario.
La magistrada de la Sala de Reconocimiento, expuso una serie de patrones que surgieron durante la práctica de los llamados falsos positivos y que se enfocaron en la obtención de resultados operativos.
“El texto de la política de seguridad democrática no tenía consignaba la política de control de cuerpos, la política de seguridad democrática hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medían bajas”, sostuvo la magistrada.
Cabe recordar que esta decisión se dio a conocer en medio del llamado de algunos sectores a la Procuraduría para que intervengas en la alta corte para que se le brinde todas las garantías a militares que cursan procesos en esa jurisdicción.
La ONG Hijos de los Héroes solicitó a la Procuraduría General de la Nación intervenir ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de garantizar los derechos de los miembros de la fuerza pública que están siendo procesados en este tribunal.
La organización argumentó que, en algunos casos, no se están cumpliendo las garantías judiciales adecuadas. En un documento enviado al procurador general, Gregorio Eljach, Hijos de los Héroes, expuso las preocupaciones de la organización y destacó que la propia Procuraduría ya había señalado vulneraciones a esos derechos.
En la misiva, la ONG recordó que la Procuraduría ha emitido observaciones sobre la actuación de la JEP, señalando prácticas problemáticas como los interrogatorios conflictivos, el uso indebido de métodos para obtener versiones voluntarias y las jornadas extenuantes durante las audiencias, las cuales afectan el testimonio de los comparecientes.
Además, la organización mencionó la presencia de falsos testigos como una de las dificultades que afectan el proceso judicial de los miembros de la fuerza pública ante la JEP.
Para respaldar su petición, la organización presentó dos informes. Uno de ellos fue elaborado por el exsecretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa Henao, titulado “La JEP discrimina a los militares”, y otro fue emitido por la Corporación Defensoría Militar en 2023, titulado “Garantías judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Según Hijos de los Héroes, los informes demuestran que se han presentado vulneraciones a los derechos de los miembros de la fuerza pública que comparecen ante la JEP.
Con información de Colprensa.