JEP definirá si exfarc deben dejar sus curules en el Congreso

A finales de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, deberá decidir si ordena que los exmiembros del secretariado de las Farc imputados por el secuestro y asesinato de los diputados del Valle tienen que ceder sus curules en el Congreso y confinarse en las llamadas zonas veredales, a la espera de que se produzca una sentencia sobre el caso.

Esto después de que el tribunal de paz le diera trámite a un auto presentado por los familiares de los asambleístas en el que solicitan que se tomen medidas cautelares contra los exjefes de la extinta guerrilla.

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De ser aceptada la petición, los directamente afectados serían Pablo Catatumbo y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), quienes actualmente tienen asiento en el Senado de la República, lugar que tendría que ser ocupado por miembros del Partido Comunes a quienes no se les haya imputado crímenes de lesa humanidad y de guerra en relación al Caso 01, denominado ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’.

Sin embargo, no serían los únicos a que deberían confinarse en los también conocidos como espacios territoriales de reincorporación, ya que la medida cobijaría igualmente a los demás exmiembros del secretariado procesados en el caso: Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda Escobar.

El pasado 21 de mayo, la JEP expidió una comunicación en la que informa que resolvió “avocar el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares presentada por la Fundación Defensa de Inocentes (que representa a varias de los allegados a los diputados) en su escrito de observaciones al Auto No. 019 de 2021.

De igual forma, le otorgó un traslado de diez días hábiles a los comparecientes individualizados en ese auto y al Procurador Delegado para que se pronuncien sobre la mencionada petición y un plazo igual a las víctimas acreditadas dentro del Caso No. 01, referido al secuestro, para que, por medio de sus apoderados y representantes comunes, se pronuncien sobre el mismo tema.

Como último punto, la Jurisdicción invitó a una veintena de facultades de derecho de varias universidades y otros centros de análisis jurídico para que entreguen un concepto técnico sobre si se deben otorgar o no esas medidas cautelares antes del próximo 4 de junio.

Junto a ese plazo están corriendo los diez días que tienen los excombatientes para hacer sus observaciones a lo decidido por el tribunal de paz, que vencería el martes 8 del mismo mes, de lo que se deduce que a finales de mes se estaría anunciado una determinación definitiva sobre el futuro inmediato de los exjefes de Farc implicados en el caso de los asambleístas del Valle del Cauca asesinados.

La solicitud de que se les restriNja la libertad a los exjefes de la extinta guerrilla se hace “debido a que hay riesgo de que esas personas no comparezcan al proceso, colocando en grave riesgo la verdad y el eje central del proceso, como son las víctimas, llegando a que esas víctimas no conozcan la verdad sobre el caso de los diputados del Valle”.

De esta manera, Juan Camilo Sanclemente, director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes, explica la motivación que tuvieron para plantear ante la JEP la adopción de las medidas cautelares y también que se tuvieran en cuenta otras pruebas en contra de los excombatientes, tales como la información extraida de los computadores incautados al fallecido guerrillero ‘Raúl Reyes’.

Agrega que se convertiría “en algo trascendental dentro del proceso”, porque nunca se había visto que se requirieran esas medidas en contra de miembros del secretariado, “lo que abre la puerta para un debate jurídico muy importante ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Según Sanclemente, con esta petición las víctimas del caso de los diputados pretenden evitar que, una vez se produzca una sanción en su contra, quienes ya han reconocido su participación en casos de lesa humanidad evaden a la Jurisdición Especial para la Paz, pasen a la clandestinidad y se conviertan en prófugos de la Justicia, como lo hicieron ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y alias El Paisa”, por lo que es “una forma de garantizar que realmente exista justicia y verdad en el Caso 01”.

El jurista también señaló sus defendidos consideran que es posible que los exintegrantes de las Farc imputados por el tribunal de paz pretendan obstruir el proceso, especialmente aquellos que siendo congresistas.

“Esa solicitud se hace en virtud de un principio de convencionalidad, que hace parte íntegra de nuestro ordenamiento jurídico y se trae a prelación jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, donde han resaltado la importancia de la implementación de este tipo de medidas para garantizar los derechos de las víctimas”, anota Sanclemente.