Jhonier Leal, condenado a 55 años de prisión por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre, denunció ante la Procuraduría presuntas torturas y persecución en la cárcel La Picota, en Bogotá. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) había informado que será trasladado a una cárcel de máxima seguridad.
En una carta escrita por el mismo Leal, describió que “en el mes de agosto, en horas de la noche pasadas las 8:15 PM y el día 4 de este mes fui visitado mientras dormía por funcionarios del Inpec, quienes con orden de cateo enviada por la Fiscalía me requisaron de manera indebida la celda en la que estoy recluido, ya que ellos manifestaron que era una orden”.
“Requisaron mi celda sin que yo pudiera observar lo que hacían y esto viola mi derecho tanto a no ser perturbado después de las 8:00 p.m. y que yo debía observar la requisa. El estar detenido y preso no son motivos para que se usen métodos de tortura psicológica, persecución o constreñimiento contra mí, ya que estas acciones me degradan aún más, afectan mi tranquilidad y paz y me afectan psíquica y psicológicamente”, continuó la carta difundida por medios de comunicación.
“La Carta Magna, en su artículo 12 prohíbe todo método de tortura o apenas crueles o inhumanas o degradantes. El Código Penitenciario en su artículo 5 modificado por la ley 1709 del 2014, artículo 4 dice así: en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universales y se prohíbe toda forma de violencia psíquica, física o moral. Y como estos artículos hay muchos que defienden mis derechos”, anotó.
Finalmente, Leal escribió: “Por tanto, pido a este ente me de la protección, control e investigación para que la fiscalía, en cabeza del fiscal Mario Andrés Burgos, respete mis derechos”.
Esa carta se da cerca de dos semanas después de que el Inpec confirmara que Leal sería trasladado a una cárcel de máxima seguridad que podría ser en la Tramacúa, en Valledupar o en Cómbita en Boyacá, aunque, por motivos de seguridad, no especificaron su destino.
La decisión se tomó luego de una solicitud formal de la Fiscalía General de la Nación, que ha detectado posibles irregularidades en la conducta de Leal durante su reclusión actual.
“La Fiscalía tiene unos motivos fundados para hacer esa solicitud”, aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC.Entre las posibles anomalías investigadas se encuentra el acceso de Leal a elementos prohibidos como celulares o el disfrute de comodidades no permitidas dentro del establecimiento penitenciario.
”Estamos revisando en la solicitud que hizo la fiscalía porque aduce de unas posibles situaciones o anomalías entonces estamos revisando para impactar en la conducta como tal”, explicó Gutiérrez.