El país se encuentra atravesando diferentes hechos de violencia, extorsión y ataques armados por grupos delincuenciales, que afectan la paz de los colombianos.
Frente a esto, el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, le hizo un llamado directo a la Fuerza Pública.
“La declaración de paro armado por el Frente de Guerra Occidental del ELN es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”, asegura el funcionario.
Adicionalmente, se pronunció frente a las diferentes acciones cometidas por el Estado Mayor Central (EMC) “como la sucedida el día de hoy en el municipio de Piamonte, donde una estructura del EMC realizó un ataque armado a un vehículo de transporte escolar causando heridas a dos personas, entre ellas un menor de edad, acto que constituye un hecho claramente repudiable que viola los más elementales principios que rigen el Derecho Internacional Humanitario, DIH”.
Así mismo, se pronunció frente a las extorsiones que se llevan a cabo en Jamundí: “Un Frente del EMC, mediante medidas como empadronamientos, extorsiones continuas y otros controles coercitivos pretenden ejercer un dominio total sobre la población y laceran la confianza en el proceso mismo de construcción de paz”.
Frente a los desplazamientos que se están llevando a cabo en Nariño, Patiño aseguró que “es una grave amenaza contra los derechos y libertades de la población y se convierte en un peligroso obstáculo al Pacto Territorial por la Vida y la Paz que el gobernador Luis Alfonso Escobar, con pleno apoyo del Presidente de la República, está desarrollando en este departamento”.
Patiño hace un llamado a la Fuerza Pública para que las zonas que se encuentran abandonas por el estado, sean protegidas y así evitar que estos territorios sean copados por los grupos ilegales que persisten en la violencia.
“En consecuencia, reiteramos que el cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población. La Fuerza Pública tiene el deber de actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos”, añadió.
Finalmente, asegura que: “Orientamos a las delegaciones del Gobierno Nacional en las mesas con el ELN y con el EMC para que avancen con rapidez y firmeza en la territorialización de la paz”.