“Lo único que cambia tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en el tribunal de La Haya, es que Colombia deberá respetar el fallo del 2012, en el que conserva la soberanía territorial sobre las islas de San Andrés, el archipiélago y los cayos, pero pierde la soberanía marítima sobre 75.000 kilómetros cuadrados”.
Con esas palabras, el politólogo Alejandro Echeverry explica el pleito territorial con Nicaragua tras el fallo del 2012, que dictaba que los colombianos conservaban las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y seis cayos, pero perdían parte de su océano.
En ese sentido, Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario y presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, señala que, basado en ese límite que estableció la CIJ, se da paso a varios cuestionamientos que no han sido resueltos por el momento.
“Las preguntas son sobre los derechos de pesca, quién podría ejercer actividades en qué espacios marítimos. Uno de los interrogantes que se resolvió el pasado jueves fue quién tiene derecho a la plataforma continental extendida. La Nación cumple con el fallo, porque se está comportando como indica, lo que se espera es que, a futuro, ninguno de los dos países incumplan los espacios del otro”, dice Arévalo.
De hecho, tras aceptar la decisión de la Corte, la vicepresidenta de Nicaragua y esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, aseveró que “Managua espera que Colombia reconozca el valor y la eficacia de todas las sentencias de la corte, en particular, la dictada en el 2012″.
De no obedecer a lo dictado por el tribunal, y los países invadan área del mar o la zona económica que no les corresponde, Arévalo señala que “las dos navales se podrían encontrar en el océano en una situación de uso o amenaza de la fuerza. Por ello, los dos Estados deben permanecer en los espacios marítimos que les corresponden y hacer las actividades que cada espacio permite”.
Explica que “hay unas franjas donde se pueden hacer algunos actos, pero otras donde no, porque cada área genera un régimen diferente. Entonces es distinto lo que se permite en el mar territorial y lo que puede hacer en una zona económica exclusiva”.
Denuncian el tratado internacional
Cuando salió la sentencia del 2012, Colombia, en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos, decidió denunciar el Pacto de Bogotá, un tratado internacional de resolución pacífica de controversias firmado en 1948, para que las partes contratantes pudieran elevar sus problemas a la CIJ.
“Cuando se denuncia un tratado internacional, quiere decir que, en ese caso, Colombia, decide retirarse de él y se da una vigencia de un año para hacerse efectiva”, indica Juliana Bustamante, docente de la facultad de Derecho en la Universidad de los Andes.
Y menciona que “durante ese año de vigencia se presentan dos demandas contra Colombia por parte de Nicaragua, aprovechando que todavía no se había hecho efectiva la denuncia”.
Una de esas acusaciones fue decidida el año pasado y tenía que ver con el uso que se estaba haciendo del espacio que había reconocido en el 2012 la Corte a Nicaragua. Además de la demanda resuelta el jueves, cuando el tribunal negó las pretensiones de Managua de tener una plataforma extendida que sobrepase las 200 millas a las que tenía derecho.
Es decir que el régimen de Daniel Ortega no tendría la posibilidad de demandar nuevamente a Colombia por el territorio marítimo que ya le fue reconocido por el tribunal de La Haya, porque el país ya no es parte del Pacto de Bogotá y, por lo tanto, la Corte no tiene jurisdicción para esos casos.
Lo cierto es que con la decisión de la CIJ quedan saldados los procesos con Managua y solo quedaría pendiente el reconocimiento del fallo del 2012.