La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, recibió de la Procuraduría General de la Nación observaciones específicas acerca del proyecto de reforma pensional, en donde se indicó que para que sea viable su implementación, se deben revisar cuatro puntos estructurales que podrían afectar a los colombianos en caso de no ser correctamente estructurados y verificados.
“La Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social señaló inicialmente que la falta de reglamentación de, al menos, 45 temas estructurales del sistema podría vulnerar los derechos de los afiliados que soliciten reconocimiento de una prestación económica, altas judicializaciones y vacíos jurídicos, técnicos y financieros”, explicó la Procuraduría a través de un comunicado.
De acuerdo con las cifras de Colpensiones conocidas por el órgano de control, que han sido analizadas rigurosamente por parte de la Entidad, quedó en evidencia que “no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas”, añadió el máximo organismo del Ministerio Público.
La Procuraduría enfatizó en la necesidad de que el Gobierno Nacional, el ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República tengan en cuenta los análisis y conceptos del costo fiscal que podría generar dicho plan en el Presupuesto General de la Nación, aspectos que se deberán tener en cuenta en el análisis de lo relacionado con el valor en todos los pilares a mediano y largo plazo.
“Precisó que el Ministerio de Trabajo y el Congreso deben tener en cuenta que actualmente y de cara al 1 de julio de 2025, fecha planteada para iniciar operaciones, Colpensiones no está preparada para asumir las obligaciones que le impondría la reforma, teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos, la ausencia de presupuestos, los tiempos que hay para la elaboración de contratos y los periodos de prueba necesarios, entre otros aspectos, por lo que sugirió que se considere su implementación de forma gradual a partir de 2026″, añadieron desde la Procuraduría, mostrando la importancia de tener en cuenta una revisión estricta para evitar contratiempos.
Finalmente, el ente de control expresó que la reforma pensional debe garantizar la cimentación de un sistema de protección integral a la vejez, la cual debe ser sostenible y viable para las futuras generaciones de colombianos, que bajo ningún motivo vaya a representar una afectación de los derechos de los afiliados y los pensionados del país.