El de esta semana no es el primer enfrentamiento que Álvaro Uribe Vélez ha tenido con la Justicia colombiana a lo largo de su vida pública.

Desde el martes pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente y actual senador, la opinión pública ha recordado episodios en los que los altos tribunales han tomado decisiones contrarias al parecer de Uribe, sobre todo relacionadas con personas cercanas a su entorno.

Según analistas y observadores, dado que, en consecuencia con su estilo de hacer política y su carácter, el exmandatario siempre ha hecho públicas sus posiciones al respecto, en un sector de los colombianos ha hecho carrera la idea de que la Corte Suprema de Justicia siente animosidad contra el jefe del Partido Centro Democrático.

Y es por ello que, dicen, unido a la simpatía que Álvaro Uribe sigue despertando en un sector importante de la ciudadanía, ha causado tanta polémica la decisión de privarlo de su libertad en tanto avanza el proceso que formalmente inició en su contra la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal de ese alto tribunal en julio del 2018.

Lo cierto es que bien por esas razones o porque, según aseguran personas allegadas al expresidente, la Corte Suprema se excedió en una decisión al punto de cometer “una injusticia”, desde diversos sectores se está haciendo un llamado a evitar que Colombia pase de una polarización política, en la que ya lleva inmersa varios años, a una polarización judicial que ponga en riesgo la estabilidad del país.

Uno de quienes así se expresa es el sociólogo y profesor de la Universidad Rosario Carlos Charry, quien recuerda que desde el caso conocido como la ‘Yidispolítica’ y también cuando la Corte Constitucional se pronunció en contra de la reelección, ha habido una relación de ‘amores y odios’ entre el político antioqueño y al menos un sector de la Justicia colombiana.

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“Yo creo que lo importante es que la ciudadanía entienda que para fortalecer las instituciones debemos dejar que opere el debido proceso y que se le generen todas las garantías posibles al expresidente para que se pueda defender con toda propiedad”, señala.

En ese sentido, le parece importante recordar que los miembros de los altos tribunales son cambiados cada cierto tiempo, cuando sus periodos de ejercicio caducan.

Es decir, plantea, la Corte Suprema de Justicia que juzgó el caso de la ‘Yidispolítica’ hace doce años no es la misma Corte Suprema de Justicia de hoy, y ese elemento debe ser tenido en cuenta para analizar la idea de si es o no una corte “amañada”.

Sin embargo, para otro sector de la opinión pública sí es claro que, aunque no se pueda demostrar de manera contundente que ese alto tribunal no es imparcial a la hora de resolver investigaciones relacionadas con el exmandatario, sus integrantes se han equivocado o al menos no han partido del mismo rasero a la hora de definir la situación jurídica de otras personas.

Y entonces el nombre de alias Jesús Santrich surge como el mejor ejemplo para demostrar esa teoría.

Como se recordará, el exjefe de la guerrilla de las Farc y firmante de la Paz fue acusado de narcotráfico por un tribunal de Estados Unidos, sin embargo, dada su condición de representante a la Cámara su caso fue llevado ante ese alto tribunal, que lo dejó en libertad y él terminó fugándose.

“Sin duda uno dice que (la Corte Suprema) se equivocó en el caso ‘Santrich’ porque se evadió de la Justicia. Seguramente pesaron mucho las circunstancias del proceso de paz y lo que estaba ocurriendo en ese momento”, dijo al respecto el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry al canal de televisión El Tiempo.

Y agregó que en el caso de Uribe también “podría haberse equivocado, porque el expresidente ha acudido a todas las citaciones de la Corte y ha asegurado que comparecerá y dará todas las explicaciones a que haya lugar”.

Es que para el experto es claro que el principio general es la libertad y la medida de aseguramiento es la excepción. “Solo realmente cuando haya elementos suficientes para dudar de que esa persona se va a comportar bien o no, procede”, puntualiza.

En un sentido similar se pronunció el mismo martes, Iván Cancino, que tiene a su cargo la defensa del abogado Diego Cadena, a quien la Fiscalía General también le dictó una orden de detención domiciliaria por el caso que involucra al político antioqueño.

“Mucha gente dice que la Justicia se debe respetar y yo comparto esa frase, pero le agregaría algo: la Justicia se debe respetar cuando la Justicia respeta la Justicia, y eso implica una valoración ponderada, alejada de sesgos”, afirmó al conocer la decisión del alto tribunal en contra del expresidente.

Y añadió ante los medios de comunicación: “Le puedo decir que en ese expediente no hay una sola evidencia que permita privar de la libertad a Álvaro Uribe Vélez”.

Y mientras el debate no se detiene, el analista Pedro Viveros insiste en una apreciación: “El descreimiento en materia de Justicia de los colombianos no puede ser alimentado por la obcecada fascinación por pretender convertir en víctima a un político o a un tribunal. Lo mejor es respetar el libre curso legal de un proceso que siempre debe ser jurídico y no un tinglado político”

Petición
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“La reserva sumarial existe en la legislación colombiana entre otras razones para proteger el principio de presunción de inocencia contemplado en la Constitución. En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor”, dijo el abogado Jaime Granados para anunciar que el expresidente y hoy senador le solicitó a la Corte Suprema que el fallo de más de mil páginas en el que se dicta su medida de aseguramiento se haga público.

Según Granados, la petición tiene “la única intención de aportar la mayor transparencia posible a este caso, que por su connotación política se ha prestado para la violación de esa reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica”.

Con covid, pero asintomático 

En su finca El Ubérrimo, ubicada en zona rural de Montería, permanece el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez a la espera de recuperarse de su contagio de Covid-19.

Según se ha podido establecer, el político antioqueño no ha presentado síntomas de la enfermedad, salvo un dolor de garganta que sintió a comienzos de la semana.

Sin embargo, dado que a algunos miembros de su cuerpo de seguridad se les diagnosticó el covid, el exmandatario y su familia se sometieron a la prueba respectiva.

Fue así como el miércoles pasado el país se enteró de que Álvaro Uribe también estaba siendo afectado por la pandemia.

Horas más tarde se conoció que sus hijos, Tomás y Jerónimo, también salieron positivos para Covid-19, pero que su esposa, Lina Moreno, no ha sido contagiada.

Ella está en la residencia que la familia tiene en Rionegro, adonde espera traslarse el expresidente una vez supere la enfermedad y no haya riesgo de que su esposa adquiera el coronavirus.

Uribe Vélez ha permanecido alrededor de un mes en su finca y ha recibido pocas visitas, por lo que se descarta otra vía de contagio.

Y dado que por fortuna mantiene su carácter de asintomático, se descartó la posiblidad de trasladarlo hasta un centro médico, sino que permanecerá en su finca, bajo el cuidado de su personal de confianza.