El uso del herbicida glifosato para la aspersión aérea de cultivos ilícitos en Colombia es uno de los asuntos más espinosos que ha tenido que dirimir la Corte Constitucional porque en él confluyen argumentos políticos, sociales, económicos, sanitarios y de relaciones internacionales.

El alto tribunal mantuvo este jueves las restricciones para reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos con el herbicida, contrario a lo que propone el Gobierno del presidente Iván Duque.

Estas son las claves para entender por qué unos defienden su uso, mientras que otros piden alternativas que no dependan de su uso.

Aspersión aérea

Las pruebas piloto comenzaron en el Gobierno del presidente César Gaviria, entre 1990 y 1994, para fumigar cultivos de amapola y a lo largo de más de 25 años se asperjaron con glifosato más de dos millones de hectáreas de plantaciones ilícitas, especialmente de coca.

Litigio en Ecuador

En marzo de 2008 Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por los efectos que tenían sobre su territorio y su gente las fumigaciones con glifosato realizadas por Colombia en plantaciones de coca en la zona fronteriza.

Cinco años después los dos países llegaron a un acuerdo para resolver el problema sin necesidad de que interviniera la CIJ y como parte del arreglo el Gobierno colombiano se comprometió a entregar al país vecino un total de 15 millones de dólares para el desarrollo de la zonas de la frontera.

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Suspensión de su uso

En 2014 una sentencia de la Corte Constitucional ordenó la suspensión de las aspersiones aéreas luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyera al glifosato entre los plaguicidas que pueden causar cáncer en humanos.

A mediados de 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) acató la sentencia del alto tribunal que dos años después emitió un nuevo fallo en el que estableció que sería posible reanudar las aspersiones aéreas si una investigación científica, de forma "objetiva y concluyente, demuestra ausencia de daño para la salud y el medio ambiente".

Relación con el cáncer

Pese a la recomendación de la OMS, la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otras entidades, consideran que la evidencia científica no demuestra una relación entre el glifosato y daños en la salud, pero mantienen el herbicida como un factor de riesgo.

Los opositores al glifosato señalan que su uso conlleva riesgos potenciales para la salud y el Medio Ambiente, ya que cuando se fumiga desde el aire puede ser arrastrado por el viento y caer más allá de los cultivos ilícitos.

Usos autorizados en el país

El glifosato se usa en Colombia para fumigar cultivos agrícolas y en diciembre de 2016 el CNE aprobó el uso del herbicida en la fumigación terrestre contra los ilícitos.

La decisión se tomó con base en un proyecto piloto ejecutado en los departamentos de Chocó y Nariño, fronterizos con Panamá y Ecuador, respectivamente.

En esas dos regiones se fumigaron 800 hectáreas de coca en las cuales se constató que los protocolos utilizados cumplieron con los estándares sanitarios y con el plan de manejo integral ambiental que incluye la protección de fuentes hídricas.

Aumento de los cultivos ilícitos

El informe anual de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por su siglas en inglés), mostró que en 2017 los cultivos de coca en Colombia alcanzaron un récord de 209.000 hectáreas, lo que el Gobierno de Duque atribuye a la suspensión de las aspersiones con glifosato.

En un nuevo informe publicado en junio pasado, referente a 2018, la Casa Blanca señaló que los cultivos de coca en Colombia bajaron por primera vez en seis años, aunque el descenso fue solo de medio punto porcentual, y se situaron en 208.000 hectáreas.

Posiciones encontradas

En marzo pasado, por petición del presidente Duque, la Corte Constitucional convocó una audiencia pública en la que escuchó al mandatario y otros representantes del Estado, así como a académicos, comunidades y al expresidente Santos, quienes expusieron sus opiniones a favor y en contra de retomar las aspersiones.

Esa audiencia fue uno de los elementos tomados en consideración por la Corte para mantener las restricciones fijadas en la sentencia de 2017, que sin embargo dejó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes valorar toda la evidencia científica y técnica disponible frente a la "minimización de los riesgos para la salud y el Medio Ambiente" por el uso del glifosato.

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