En un comunicado divulgado en la noche de este jueves, la Fiscalía informó que no enviará ninguna comisión de fiscales a Venezuela para recoger el testimonio de la excongresista Aída Merlano, condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue informada luego de que un grupo de siete senadores e igual número de representantes a la Cámara pidieron que se enviara un equipo del búnker, para que escuchara la ampliación de los hechos que ha venido denunciando desde que fue capturada en ese país luego de casi meses de estar prófuga de la justicia.

Merlano se le fugó a una comitiva del Inpec que la acompañaba a una cita odontológica en el norte de Bogotá. En sus más recientes declaraciones indicó que “quienes organizaron mi fuga fueron los Gerlein y los Char (...) no sé cuánto pagaron, pero me dijeron que me iban a ayudar y que iba a tener una vida tranquila, me lo dijo el abogado Muñetón”.

Según la Fiscalía, “la exsenadora Aída Merlano tuvo la posibilidad de suministrar al ente investigador la información y pruebas de los posibles hechos delictivos de los cuales dice tener conocimiento en el marco de los procesos que se adelantaron en su contra”.

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Lo que perseguía la petición de los congresistas era que se realizara una entrevista a la excongresista del Partido Conservador para que se ampliara la versión que entregó tanto al Tribunal de Justicia de ese país como al canal digital Semana TV y que están relacionadas con corrupción electoral, en especial en la Costa Atlántica.

En las más recientes declaraciones señaló que hubo una “compra de votos” para favorecer la candidatura de Iván Duque a la presidencia en la segunda vuelta y que tanto los Char como los Gerleín, dice Merlano, hicieron una colecta con ese fin una vez se dio la derrota de Germán Vargas Lleras en primera vuelta.

Tras conocer esta declaración, el que salió al paso de estas declaraciones fue Luis Guillermo Echeverri, quien fungió como gerente de las campañas para primera y segunda vuelta.

“Las campañas se manejaron bajo estricto cumplimiento de la ley y todas las normas electorales colombianas”, asegura Echeverri, quien dijo que en este proceso se contó con la presencia de “Procuraduría General de Nación, Tribunal de Garantías Electorales y Consejo Nacional Electoral, quienes revisaron de forma directa y en tiempo real, todo el proceso de manejo financiero, administrativo y el cumplimiento de todas las normas que contempla la ley electoral”.

Este era uno de los puntos en los que más enfatizaron los congresistas. De hecho, el representante David Racero denunció ante la Comisión de Acusaciones al presidente Iván Duque por estos hechos.

“La excongresista Aída Merlano Rebolledo, prófuga de la justicia colombiana, capturada y recluida en centro penitenciario en Venezuela, manifestó que el presidente de la República, no solo conoció de la existencia de compra de votos a su favor, sino que se reunió con las personas que promovieron esta práctica en la costa”, señala David Racero.

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No obstante, la Fiscalía dice que nada puede hacer toda vez que “los fiscales y la policía judicial tienen competencia para desarrollar sus funciones en el territorio nacional colombiano. Solamente podrían adelantar actos de indagación fuera del país en el marco de la cooperación judicial con las autoridades extranjeras”.

El testimonio que sí será recogido lo hará la propia Corte Suprema de Justicia, que este jueves anunció que buscará la forma de escuchar a Merlano vía videoconferencia, como parte de la indagación que le abrió al senador Arturo Char por su supuesta intervención en el delito de fuga de presos.

El magistrado Francisco Farfán, a cargo de la indagación, comisionó, además, al grupo de apoyo de policía judicial de la Sala Especial de Instrucción para que en 40 días adelante labores de verificación orientadas a corroborar o desvirtuar los señalamientos efectuados por Merlano contra el senador Char.

Lo que no ha precisado el alto tribunal es ante quién hará las gestiones para conseguir tal declaración: si ante el gobierno de Nicolás Maduro o ante el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de ese país por más de 50 estados.

El gobierno Duque ha insistido en reconocer a Guaidó como el mandatario de Venezuela y, de hecho, ante él se hizo el pedido de extradición de la excongresista conservadora.

Ante este entuerto diplomático, la Fiscalía en su carta de este jueves reconoce que “en este momento no existe mecanismo de cooperación judicial internacional entre Colombia y Venezuela. Las relaciones diplomáticas y consulares no hacen parte de las funciones del Fiscal General de la Nación, y cualquier actuación que interfiera en ellas implicaría un exceso en el ejercicio de sus facultades”.

El ente acusador sí dejó la puerta abierta para que la condenada política barranquillera pueda concretar una colaboración con la justicia, pero únicamente por el delito de fuga de presos que se abrió tras su escape.