El Gobierno Nacional emitió su respuesta formal al informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, producto de su visita al país entre el 8 y el 10 de junio para revisar los hechos acontecidos en el marco de las protestas por el paro nacional.

A través de un comunicado de la Cancillería, el Gobierno manifestó que coincide con algunas observaciones de la Comisión, como lo es la elaboración de un proyecto de ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica en Colombia, tarea que -aseguró- será adelantada en las próximas sesiones del Congreso.

No obstante, rechazó enfáticamente la creación de un 'Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad', toda vez que -subrayó- cuenta con una "institucionalidad robusta y sólida", dispone de mecanismos para el seguimiento de denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y hay presencia de más de 20 agencias de la ONU y la OEA.

"Sobre la posibilidad que plantea la Cidh de separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para "garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos, y no bajo una perspectiva militar", debe resaltarse que el artículo 218 de la Constitución determina que "la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de la naturaleza civil, con lo cual con la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política", se lee en el escrito.

Así mismo, el Gobierno recordó que esta discusión hizo parte de la Asamblea Constituyente de 1991, cuando se resolvió mantener a la Policía en la estructura del Ministerio de Defensa "sin desdibujar con ello su función esencial en torno a la convivencia y seguridad ciudadana".

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El uso de la fuerza fue otro tema al que se hizo referencia en el comunicado de la Cancillería de Colombia, al afirmar que solo en el 11 % de las 14.390 manifestaciones que han tenido lugar en el país en las últimas ocho semanas fue requerida la presencia de las autoridades, "previo análisis de los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad".

"La Policía no usa armas de fuego letales en el marco de las manifestaciones, solo puede estar dotada de cascos, escudos y bastones", afirmó.

En relación con las denuncias sobre presunto uso de fuerza contra la mujer, grupos étnicos, población Lgbti y personas en estado de vulnerabilidad, el Gobierno expresó su rechazo "con preocupación" pues -señaló- no ha habido tolerancia frente a la violencia contra estas poblaciones y los posibles casos son objeto de investigación.

Según se lee en el escrito, el Estado colombiano no tiene como política utilizar sus instituciones para encubrir presuntos actos de desapariciones y torturas durante los procedimientos de traslado por protección que, apuntó, son legítimos y buscan proteger a los ciudadanos que se encuentren en riesgo.

El Gobierno Nacional también criticó que algunas cifras presentadas por la Cidh en su informe carecen de contrastación y dijo que  "llama la atención" que se toman como ciertas afirmaciones de algunas organizaciones, cuando en otros casos se pone en duda la información entregada.

"Así mismo, es supremamente delicado que la Comisión sugiera que autoridades impidieron deliberadamente el paso de misiones médicas y ambulancias. El Estado no tiene conocimiento formal, y en caso de comprobarse, debe ser plenamente esclarecido y los responsables sancionados", dijo.

Respecto a los bloqueos, denominados por la Cidh como 'cortes de ruta', afirmó que difiere de que estos sean considerados como "una forma legítima de manifestación y que solo en casos concretos el Estado pueda actuar".

El bloqueo permanente de vías, dijo el Gobierno, está tipificado en la ley penal colombiana -en su artículo 353A del Código Penal- y "pone el riesgo la vida, salud y subsistencia de los ciudadanos, así como la estabilidad de una Nación, al amenazar la libre movilidad y el suministro de alimentos y medicinas".

Finalmente, en la respuesta al informe de la Cidh se cuestionó la alusión a temas que "no corresponden al objeto de la visita, y cuya discusión tiene que ver con escenarios distintos" como la implementación de los Acuerdos de Paz, el cuestionamiento a la independencia de los poderes públicos y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro.