Los coordinadores de la guardia indígena del norte del departamento del Cauca, ubicado en el suroeste de Colombia, denunciaron este lunes haber recibido amenazas de muerte por parte de las disidencias de las Farc al parecer por las acciones que han llevado a cabo para impedir el accionar de ese grupo armado.
"Los operativos contra el narcotráfico, la destrucción de armamento, captura de guerrilleros y la recuperación de motocicletas y vehículos serían las causas de estas amenazas contra los miembros de la guardia indígena", dijo a periodistas el coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Joe Sauca.
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Las amenazas contra la guardia indígena, como se denomina la estructura que defiende el territorio, la autonomía y la cultura de los pueblos nativos, se conocieron a través de panfletos en los que se da la orden de asesinar a los coordinadores del norte del Cauca, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia.
Según Sauca, en los panfletos se indica que los indígenas han adelantado labores junto a la fuerza pública para capturar a los disidentes que hacen presencia en esa zona y decidieron no acogerse al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC en 2016.
Por lo anterior, "la guardia indígena está alerta en todo el departamento del Cauca", explicó el vocero.
En Colombia al menos 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo.
El pasado 3 de julio el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret, aseguró que 983 líderes sociales están "amenazados de muerte" en el país y que en casi el 50 % de los casos las víctimas son mujeres.
Asimismo, un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC los que han sido asesinados desde 2016.
Frente a estos hechos también se ha pronunciado la ONG Somos Defensores, según la cual los asesinatos de defensores aumentaron casi un 50 % en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen.