La ahora exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, podría ser citada en los próximos días por la Fiscalía General de la Nación para entregar las supuestas pruebas que tiene sobre una presunta reunión en París, Francia, para manipular la licitación de pasaportes en Colombia.
El ente de control tiene una investigación abierta en contra de Zamora, por lo que se está evaluando si cita o no a la exdirectora de Defensa Jurídica para aclarar estos hechos.
Este es un tema que involucra a dos funcionarios del Gobierno nacional.
Caso Thomas Greg & Sons
Según las versiones conocidas, Martha Lucía Zamora habría salido del actual gobierno debido a una discusión con el canciller Álvaro Leyva.
La molestia del ministro de Relaciones Exteriores, a quien el presidente Gustavo Petro ha respaldado en este episodio, estaría relacionada con la posición adoptada por la oficina que dirigía Zamora frente a la demanda de Thomas Greg & Sons, que ganó la licitación para la hechura de pasaportes.
Esa licitación luego se declaró desierta, bajo la premisa de que era necesario repetir la convocatoria para que se presentaran más oferentes.
Thomas Greg & Sons alegó daños causados por incumplimientos de la Cancillería y su Fondo Rotatorio y pidió $120 mil millones como compensación. Ante esta situación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recomendó una solución alternativa para evitar una millonaria demanda contra el estado.
Tras conocido el caso, Zamora aseguró en declaraciones a una emisora nacional que hay intereses poco claros detrás del tema de los pasaportes. Dijo haber recibido información de una supuesta reunión el fin de semana en un hotel en París, al que habría asistido Jorge Leyva, el hijo del Canciller, y el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores Juan Carlos Lozada.
Zamora prometió poner en conocimiento de la justicia lo que sabe sobre esa reunión, que le llegó a través de una fuente confiable, para que se establezca qué trascendió y qué habrá de cierto en que estaría relacionada con el tema de la licitación de los pasaportes.
Asimismo, la Procuraduría anunció en septiembre de este año la apertura de investigación disciplinaria contra el canciller, Álvaro Leyva, y el secretario general del Ministerio de Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, por “las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes”.
La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público afirmó que la determinación de “declarar desierto el proceso de licitación público” de los pasaportes por parte de los funcionarios podría haber “vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria”.
Con información de Colprensa*