La Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional ofrecieron hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a los responsables de la masacre perpetrada en Tibú, en la que murieron Miguel Ángel López, propietario de la funeraria San Miguel, su esposa Zulay Duran Pacheco y su hijo de solo nueve meses.
En el mismo vehículo en el que fueron asesinados, se encontraba también un niño de diez años, quien, por suerte, logró sobrevivir y ahora es un testigo crucial para las autoridades judiciales en su búsqueda de los culpables.
Los detalles fueron confirmados durante una rueda de prensa celebrada este jueves 16 de enero, en la que se abordó este trágico suceso, que se convirtió en la segunda masacre ocurrida en Colombia en lo que va de 2025.
El miércoles 15 de enero, un ataque armado tuvo lugar en la carretera principal que conecta a Tibú con Cúcuta, específicamente en el sector de la vereda La Valera, en Norte de Santander.
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, expresó su profundo pesar por este crimen y aseguró que las autoridades están trabajando sin descanso para esclarecer el caso.
“No solamente es condenar el hecho, solidarizarnos con las familias, sino contar que hay una unidad especial desde Bogotá en la investigación del caso, que la Policía y el Ejército están trabajando en el mismo, que desde la Gobernación se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos para capturar a los responsables de esta masacre que atenta contra la unidad familiar”, dijo el mandatario departamental.
Simultáneamente, Villamizar instó al presidente Gustavo Petro a que tome medidas para abordar la grave situación de orden público que afecta a esta región del país.
“Esta condena la hacemos llegar también directamente a cada una de las organizaciones que están en el Catatumbo. Hacemos llegar el mensaje al gobierno nacional. Queremos que no se presenten, que no se sigan presentando este tipo de ataques hacia la población civil que está en medio de un conflicto”, sostuvo.
El gobernador indicó que, hasta el momento, no cuentan con una hipótesis definida sobre lo ocurrido, pero confiaron en que el caso será aclarado en el menor tiempo posible gracias al trabajo conjunto de los equipos de inteligencia de la Policía y el Ejército.
“Hasta el momento no conocemos ninguno de los móviles ni ninguna agrupación al margen de la ley ha hecho algún pronunciamiento por atribuirse este hecho, pero todo está en este momento en investigación y esperamos que en un tiempo muy corto se pueda tener claridad frente a la opinión pública”, puntualizó el mandatario departamental.