Sumados los riesgos que asumen los migrantes ilegales al cruzar el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, con las medidas de control que intentan establecer ambos gobiernos, la población migrante ha encontrado una alternativa para evadir el paso por la espesa selva en su camino hacia los Estados Unidos.
Se trata de una ruta que vienen explotando los ‘coyotes’ y consiste en llegar hasta aguas del archipiélago de San Andrés para trasladarse luego en lanchas hasta Nicaragua, donde los migrantes continúan su camino por carretera hasta la frontera con México. Sin embargo, los riesgos pueden resultar iguales o peores que los que asumen al cruzar el tapón del Darién.
Justamente, la Procuraduría General de la Nación informó en las últimas horas sobre el rescate, por parte de la Armada Nacional, de 55 migrantes “que fueron abandonados en aguas de San Andrés por traficantes que los cooptan para llevarlos ilegalmente a costas nicaragüenses. Entre los rescatados hay 16 menores de edad”, asegura el Ministerio Público en un comunicado.
“Con esta operación, el número de migrantes irregulares puestos a salvo entre 2022 y 2023 llega a la preocupante cifra de 1.102 personas. Otras 74, que no corrieron con la misma suerte, continúan desaparecidas en altamar”, asegura la Procuraduría General de la Nación.
El organismo manifiesta nuevamente su preocupación y reitera las advertencias que había realizado mediante el informe preventivo emitido un mes atrás, el pasado 3 de octubre de 2023, “en el cual se plantearon 30 recomendaciones a 13 entidades, en aras de hacer frente a esta problemática, sin que a la fecha se constaten avances de las entidades para controlar el fenómeno”.
Sobre este tema en particular, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento indicó que, “este nuevo episodio demuestra que ni Migración Colombia, ni la OCCRE, están tomando las medidas necesarias; se deben redoblar los esfuerzos con mensajes dirigidos a los migrantes, exponiendo los riesgos a los cuales se enfrentan, así como mejorar el control de ingresos de ciudadanos extranjeros en la isla”.
El Ministerio Público también hace un llamado puntual al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para que despliegue sus capacidades en el archipiélago y atienda a estos menores de edad, cuyos derechos han sido vulnerados y deben ser protegidos por el Estado.
Panamá lanzó fuerte advertencia para los colombianos que migran por el Darién
EL gobierno de Panamá oficializó en el mes de septiembre pasado una serie de medidas para frenar la crisis migratoria en el Darién, que ha sobrepasado todos los límites. Se trata de aumentar las deportaciones y mover los puntos de control a los que llegan los viajeros para reducir el impacto en las pequeñas comunidades de este flujo imparable que se mueve hacia Estados Unidos.
Esta crisis migratoria se da por la desesperación de colombianos y venezolanos que enfrentan diferentes factores como la violencia, falta de oportunidades, problemas políticos y deciden emigrar hacia los Estados Unidos en busca de un mejor futuro, arriesgando su vida.
Según las autoridades panameñas, la primera de estas medidas administrativas es la protección a los pueblos de acogida, removiendo los puntos de asistencia migratoria de las comunidades de Bajo Chiquito y de Canaán Membrillo, con la finalidad de prevenir el impacto sanitario y de seguridad.
Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá dijo que este primer paquete de medidas también incluye reforzar “las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares que tengan antecedentes penales, a través de contrataciones de vuelos chárter”.
A través de datos biométricos en las estaciones migratorias del Darién, los funcionarios panameños podrán percatarse de las personas con antecedentes penales, adoptando una medida que ese país ya implementó junto con asistencia médica y alimentaria, en una operación única en el continente en la que ha invertido en los últimos años casi 70 millones de dólares.