Un grupo de 109 maestros del departamento del Quindío recibió el pasado viernes, 1 de marzo, la respuesta a un proceso judicial, interpuesto por tutela contra el Ministerio del Trabajo, litigio que databa de noviembre del 2014, en el que exigían el pago de sueldos adeudados por esta cartera a los docentes.
De acuerdo con el fallo, proferido 10 años después, por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, se ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Trabajo, en específico el Fondo de Pensiones Públicas (Fopep), por una suma inicial de 12.825 millones de pesos, que representa solo una parte de la deuda total que tendía esta cartera con los maestros, la cual podría ascender a más de 35.000 millones de pesos.
El monto adeudado por el Estado colombiano a este grupo de profesores, sin embargo, podría incrementarse, puesto que no se han calculado hasta el momento los intereses correspondientes a una década de obligaciones económicas, o el retroactivo que sumarían.
En la actualidad, el Ministerio del Trabajo está dirigido por Gloria Inés Ramírez, docente y líder sindical, quien a nombre de la nación tendrá que asumir la responsabilidad de cancelar los pendientes con este grupo de maestros.
La exigencia de un pago de sueldos, que ya llevaban tres años, motivó a los docentes para interponer, en 2017, una acción de tutela contra el Ministerio del Trabajo que se fue dilatando por diferentes Gobiernos y ministros, solo hasta ahora obtuvieron una respuesta.
“Decretar el embargo de los dineros de la nación -Ministerio del Trabajo- Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep) que tenga a cualquier título de contrato bancario en las siguientes entidades financieras: banco Davivienda, banco Bancolombia, banco BBVA, banco Av Villas, Banco de Bogotá, banco Colpatria, Banco Agrario, Banco Caja Social, Banco Popular, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Banco Helm, Bancompartir, Banco Itaú, Banco Falabella, Banco Bancoomeva, Banco Pichincha, Banco Allianz, Banco CSC, Banco WWB y banco Bancamía, limitándola en cuantía de $12.825.947.346″, se puede leer en el primer artículo de la medida cautelar proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia.
Cabe aclarar que la medida cautelar enuncia varias entidades bancarias, pero en principio solo aplicará al banco Davivienda que deberá proceder al embargo de la cuenta del Ministerio del Trabajo. No obstante, si los recursos de la cuenta del MinTrabajo en esa entidad financiera no son suficientes para saldar la deuda pendiente con los docentes, en este caso, se procederá al embargo en las cuentas de los otros bancos citados.
El fallo está firmado por el juez Fernando Solórzano Duarte, allí se justifica la medida de embargo con estas condiciones: “Siendo que se trata de dineros públicos cuya cautela puede llegar a afectar el debido funcionamiento del aparato estatal, la medida, aunque se decretará con destino a todas las entidades bancarias solicitadas, solo se ordenará oficiar a cada una de ellas, conforme se tenga respuesta de las resultas de la misma, esto es, si se cautelaron los dineros y hasta qué monto, o si no se embargaron”, quedó consignado en el documento.
Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial del Ministerio del Trabajo, o declaraciones de la ministra Ramírez.