Toda una polémica se ha desatado en diferentes sectores sociales y políticos luego de que el pasado 7 de julio el presidente Gustavo Petro desde Buenaventura anunciara que a través de un programa que brindará incentivos económicos buscará que jóvenes que integran bandas criminales se aparten de la ilegalidad.
“Les vamos a pagar por no matar”, fueron las controversiales palabras de Petro a propósito de la grave situación de seguridad que se vive en ese puerto del Pacífico, donde se han recrudecido los enfrentamientos entre los bandos que se hacen llamar Los Shottas y Los Espartanos.
De acuerdo con el anuncio del mandatario, y posteriores explicaciones de esta propuesta por parte del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el monto que se le girará a estos jóvenes asciende hasta un $1 millón por mes, más del 90% de un salario mínimo mensual legal vigente en el país ($1.160.000).
Sin embargo, aclaró Velasco, no será permanentemente, sino hasta cuando estas personas logren ingresar a alguna actividad académica o laboral formal que los aleje de los entornos violentos.
“Buscamos gente en riesgo que pueden ser fácilmente cooptados, queremos sacarlos”, dijo el ministro durante una entrevista en Blu Radio a propósito de un programa similar que fue implementado durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá (2012-2016).
A los comentarios y críticas desde sectores como la oposición, congresistas, alcaldes, gobernadores y ciudadanos, ahora se sumó el fiscal general Francisco Barbosa, quien entregó su punto de vista sobre la medida durante su intervención en el 22° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) que se celebra hasta este 14 de julio en la ciudad de Cartagena.
Barbosa Delgado indicó que “ni la ingenuidad ni la candidez pueden ser vectores para entender la criminalidad en un país” y que, por el contrario, se requiere poner en estos temas de acuerdo a todo un país sin perder de vista la ayuda de la justicia, pero sobre todo de “aquellos que hacen las cosas bien”.
El fiscal general invitó a pensar en los más de 49 millones de ciudadanos que no han cometido delitos y “no solamente en los 80 mil que sí cometen”.
“Esto no se va a resolver pagándole a los criminales para que no delincan porque es un incentivo a la criminalidad. Esto se va a resolver cuando entendamos que hay millones de colombianos que también requieren oportunidades y nunca han cometido un delito y quieren que el Estado también les dé la mano, para sacarlos adelante y para que empujemos un país en el marco de principios y en el marco de valores constitucionales”, enfatizó el funcionario.
Y es que el contexto social que sirvió para el anuncio del Gobierno parece empeorar con el paso de los días y a pesar del fortalecimiento del pie de la fuerza pública en Buenaventura. Este miércoles 12 de julio el Consejo Comunitario de la Plata Bahía Málaga denunció graves amenazas en contra de sus integrantes por oponerse a pagar extorsiones tras las que estarían las estructuras armadas que protagonizan las confrontaciones en el territorio.
“Estas amenazas tienen como origen a los miembros de los grupos ilegales de Buenaventura, de acuerdo con las llamadas y videollamadas recibidas. Protagoniza las últimas amenazas, uno de los tantos individuos que aparecen en el más reciente cartel de los más buscados de Buenaventura que publicó la Policía”, se lee en un comunicado de esta institución.
Actualmente, la Policía Nacional mantiene una recompensa de hasta $200 millones para quienes brinden información que permitan la captura de 45 personas que estarían detrás de los grupos y las acciones que siguen sembrando terror y zozobra en el puerto del sur del país.