Emilio Archila, alto consejero presidencial para la Estabilización, negó que exista un silencio cómplice de parte del Gobierno frente a los recientes asesinatos de excombatientes de las Farc, y agregó que hacer este señalamiento es una imprudencia por parte del senador Antonio Lozada.
"Categorizarlo de cómplice es, en mi opinión, una afirmación, seguramente, ignorante. Me imagino que no ha tenido el tiempo de poder leer todo lo que estamos haciendo, la revolución que tienen las medidas y el altísimo compromiso que tiene el Estado", dijo Archila.
Según el Consejero, él, como vocero del Gobierno en temas de reincorporación, no ha guardado silencio en ninguno de los eventos relacionados con homicidios de los excombatientes de las Farc.
Sin embargo, Archila advirtió que pese a que no puede pensar que la afirmación de Lozada fue política, sí es delicada, teniendo en cuenta su posición de senador y líder de la antigua guerrilla de las Farc.
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Así mismo, el funcionario, ratificó su rechazo al asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres. "Absoluto rechazo del Gobierno respecto de ese y cualquier otro atentado en contra de los excombatientes, provenga de quién provenga, pero si se trata de la Fuerza Pública, con mayor razón", dijo.
Este lunes, el juez 17 de garantías ordenó que se imponga medida de aseguramiento en contra del coronel Jorge Pérez Amézquita y los soldados profesionales Cristian David Casilimas, William Andrés Alarcón y Alexánder Buriticá Duarte, por supuestamente haber estado involucrados en el asesinato de este excombatiente.
Archila, señaló que el Gobierno seguirá reuniéndose periódicamente con la mesa de Articulación Institucional para la Seguridad de los Excombatientes, con el fin de que se siga avanzando en medidas de protección. Agregó que se buscará capacitar esta población en autoprotección, a través de cursos en los territorios, con el fin de que se puedan alertar de posibles atentados contra sus vidas.
"No diría que ha habido una falla. Estamos enfrentando un fenómeno complejo y debemos seguir enfrentándolo como sociedad. La identificación y la particularización de las condiciones en las cuales la gran mayoría de los excombatientes han sido muertos, le corresponde a la Fiscalía. Ellos han hecho un gran trabajo identificando, no solamente quiénes son los autores materiales, sino identificando quiénes son los autores intelectuales", agregó el consejero.
Tras conocerse del asesinato del miembro de las Far, Jhon Fredy Vargas Rojas, asociado a cooperativa Cooagropaz en Pitalito, Huila, el senador Antonio Lozada, aseguró que debido al “silencio cómplice del Gobierno", era urgente solicitar medidas cautelares ante Corte Interamericana Derechos Humanos, Cidh.
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