En medio de la intervención decretada por el Gobierno Nacional, la Nueva EPS aseguró que la prestación de los servicios de salud para sus afiliados no se verá interrumpida. Esto, pese a los señalamientos sobre sus millonarias pérdidas, que al cierre de 2024 alcanzarían los $4,4 billones, según denuncias del Congreso y documentos obtenidos mediante una tutela.
El congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, logró mediante esta acción judicial que la Nueva EPS revelara información detallada de su cartera. Los datos reportan pérdidas acumuladas de $2,75 billones hasta julio, mientras que el pasivo oculto denunciado por el exinterventor de la aseguradora, Julio Rincón, eleva el total a $4,45 billones proyectados al cierre del año. Rincón dejó el cargo en medio de fuertes críticas por presuntas irregularidades financieras y administrativas.
Por ese lado, el nuevo agente interventor, Bernardo Camacho Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 15 de noviembre, afirmó que no se han impartido instrucciones para suspender giros a la red de prestadores ni para interrumpir los servicios. La entidad garantizó la continuidad de sus operaciones bajo las órdenes de la Superintendencia Nacional de Salud.
“No habrá afectación alguna al flujo normal de los recursos a la red prestadora, tanto públicos como privados, ni a la garantía de los servicios de salud para nuestros afiliados”, señaló Camacho en un comunicado oficial de la gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Nueva EPS
Sin embargo, Nueva EPS se encuentra en el ojo del huracán tras la revelación de pérdidas acumuladas de $2,75 billones hasta julio y deudas pendientes con hospitales y clínicas, algunas de las cuales se agravan por la falta de radicación de facturas ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), lo que representa un retraso de $300.000 millones, según explicó Jairo Tirado, director de Otras Prestaciones de la Adres.
“A la fecha no nos ha radicado ni una sola factura, es decir, en Adres tenemos $300.000 millones que les corresponden a ellos por estos meses (...) lo que ellos nos manifestaron (la Nueva Eps) es que tienen problemas operativos y tenían dudas sobre el proceso”, de acuerdo con Tirado, son 5 meses (de mayo a septiembre), que la entidad tiene de retraso para el respectivo proceso de radicación.
Carlos Sánchez, director del Hospital San Vicente de Arauca, expresó su preocupación por la gestión financiera de la EPS. “Aunque las políticas gubernamentales han mejorado la situación de las IPS, la actitud de Nueva EPS y otras entidades, como Coosalud, opacan estos esfuerzos al no cumplir con sus obligaciones financieras”, afirmó en declaraciones al diario El Tiempo.
Con críticas acumuladas, el nuevo interventor enfrenta el desafío de regularizar los procesos administrativos y financieros de la EPS, mientras se busca proteger los derechos de los más de 8,5 millones de afiliados.