La Procuraduría General de la Nación está investigando un millonario proceso de licitación que podría resultar en escasez de visas y pasaportes debido a posibles irregularidades en los requisitos y fechas establecidas en el cronograma. Según ha advertido el Ministerio Público, se trata de un contrato cuyo propósito es “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana (...) para el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
El valor del contrato asciende a casi 600.000 millones de pesos, lo cual implica una considerable suma de dinero que, en caso de una mala administración, podría generar un detrimento patrimonial para el país.
La Procuraduría ha detallado que el Ministerio presentó un informe en el cual dejaba claro que “cualquier modificación del cronograma establecido y en desarrollo pondría al Estado en un alto riesgo de enfrentar una escasez en el suministro, formalización y personalización de pasaportes, dado que el contrato vigente finaliza el próximo 31 de agosto de 2023”.
Ante esta situación, el ente de control ha puesto en marcha todas las medidas necesarias para evitar que ocurra un problema de tal magnitud. Hasta el momento, la Procuraduría ha identificado dos irregularidades que han llevado a investigar este proceso de licitación.
La primera irregularidad se refiere a una serie de requisitos y cuestionamientos solicitados por el Ministerio Público, los cuales no fueron publicados en la página oficial de contratación, SECOP II, antes de la fecha límite establecida.
La segunda irregularidad, según ha explicado la Procuraduría, está relacionada con una queja presentada por el representante legal de la empresa Cadena S.A., quien señala que presuntamente en el proceso se incluyen numerosos requisitos que benefician al proveedor actual.
Ante estas circunstancias, el Procurador Delegado Segundo para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Fernando Antonio Grillo, ha solicitado a la Cancillería que se pronuncie lo antes posible respecto a las solicitudes del ente de control y responda a las posibles irregularidades en los requisitos.
“El proceso de suministro y personalización de pasaportes debe ser llevado a cabo con los más altos estándares de seguridad y calidad, considerando que este documento, además de tener implicaciones directas en la protección de la identidad y la integridad de los ciudadanos, es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad nacional, el control y la circulación migratoria”, dijo el procurador delegado.
Hidroituango sigue en la mira del Ministerio Público
Hidroituango es una de las 10 centrales de generación de energía más grandes de Suramérica. La obra empezó en el año 2010 y aunque todavía no ha finalizado su construcción, ya se encuentra funcionando con las primeras dos unidades activas. Es decir, el macroproyecto comprende dos etapas, cada una con cuatro turbinas que entran en operación, pero actualmente solo hay dos.
Precisamente, para iniciar con la segunda etapa del proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) está buscando oferentes que participen de las obra. En ese sentido, tras asumir la vigilancia preventiva del proceso de selección, la Procuraduría hizo algunas observaciones a EPM sobre el contenido de los documentos del proceso de selección que se encuentra en curso.
Dentro de las actuaciones preventivas, el Ministerio Público indagó por la diferencia entre el proceso de selección, que fue declarado desierto, y el proceso de selección actual, así como la justificación en cuanto a la necesidad y conveniencia de ampliar, reducir o ajustar las obras civiles de la finalización del proyecto.
De igual forma, el ente de control expresó preocupación por las modificaciones en los requisitos de experiencia que hoy en día son solicitados a las empresas nacionales y extranjeras que puedan llegar a ejecutar el proyecto de la hidroeléctrica.
Ante los hechos y en aras de la pluralidad de oferentes, el Ministerio Público requirió a que EPM amplíe los plazos de presentación de ofertas, pues los tiempos para que los participantes estructuren y presenten sus ofertas son cortos y más cuando se tiene previsto que las obras empiecen a ejecutarse en septiembre próximo.