Un grupo de organizaciones de la sociedad civil estadounidense, dedicadas a la protección de los derechos humanos, medioambientales y la defensa de la democracia, instó este miércoles a que se mantenga la asistencia que Washington ha brindado a Colombia, la cual estaría en riesgo debido a la oposición de algunos miembros del partido republicano a las políticas del presidente Gustavo Petro.
“Nuestras organizaciones piden que continúe la ayuda estadounidense para avanzar en la implementación de los acuerdos de paz y apoyar a los afrocolombianos, indígenas y otros grupos vulnerables en Colombia. Lo hacemos en un momento en que la Cámara de Representantes y el Senado están divididos sobre la ayuda de EE.UU. a Colombia, con el líder del subcomité de Asignaciones de Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes anunciando que estarían aplazando toda la ayuda a Colombia, mientras que el subcomité del Senado aprobó este 20 de julio de 2023 un paquete robusto para la implementación del acuerdo de paz, los derechos humanos, la lucha contra los estupefacientes, y la ayuda a las comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas”, según señalaron las ONG en un comunicado.
El grupo también expresó su preocupación por una audiencia convocada por la Cámara de Representantes para evaluar “el fracaso de las políticas socialistas de Petro”. Las organizaciones firmantes incluyen a WOLA, el Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG), Amazon Watch, la Iglesia Presbiteriana y el Comité de Derechos Humanos de Colombia en Washington DC.
“Petro tiene sus fallas, pero no ha dañado para nada la democracia colombiana. No ha hecho nada para alterar la separación de poderes. A pesar de algunos comentarios desafortunados, no ha reprimido a la prensa libre. No ha politizado las fuerzas armadas. No está manipulando las elecciones regionales de septiembre. Y su Gobierno está comprometido con la implementación del histórico acuerdo de paz de 2016. Mientras tanto, varios líderes latinoamericanos están erosionando rápidamente la democracia ahora mismo: el relativo silencio de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre lo que está ocurriendo en El Salvador y Guatemala, por ejemplo, es incoherente y perjudicial. El Comité está enviando el mensaje que Estados Unidos debe oponerse activamente a los gobiernos que los pueblos latinoamericanos eligen a través de elecciones libres y justas cuando estos gobiernos no siguen la ortodoxia conservadora. Ese mensaje está y debería haber desaparecido con la Guerra Fría”, afirmó Adam Isacson, experto en temas de seguridad regional de WOLA.
Para Gimena Sánchez, de la misma organización, aplazar la ayuda a Colombia será contraproducente para los intereses de Estados Unidos y revertirá los éxitos financiados por ese país a lo largo de los años. “Rompería el fuerte apoyo bipartidista que Colombia, como principal aliado de Estados Unidos en la región, ha mantenido durante décadas. El gobierno de Petro, elegido democráticamente, está avanzando en las reformas estructurales y de otras reformas necesarias para abordar los problemas profundos que alimentan el tráfico ilícito de drogas, la violencia y desestabilizan la región. Es irresponsable retirar la ayuda que se destina a fortalecer la democracia, la paz, los derechos humanos, las minorías étnicas y las instituciones eficaces como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que ayuda a consolidar el estado de derecho y los derechos humanos en este momento”, afirmó Sánchez.
Lisa Haugaard de LAWG expresó que “el gobierno de los Estados Unidos tiene una oportunidad histórica de colaborar con la Administración Petro para avanzar y consolidar la paz en Colombia. La Administración Biden también tiene en Colombia un aliado para marcar muchos de los objetivos que se ha fijado en su política exterior: abordar el cambio climático, proteger el medio ambiente, luchar contra la discriminación racial, apoyar los derechos laborales, ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos, construir una política antinarcóticos sostenible y humana, y apoyar los derechos LGBTQ y de las mujeres. Es francamente contraproducente y carece de sentido que los miembros de la Cámara bloqueen la ayuda y la colaboración con Colombia”, concluyó Haugaard.
Julio Idrobo, del Comité de Derechos Humanos de Colombia en Washington DC., manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se abandone a Colombia debido a las “percepciones injustificadas” sobre Petro. “Esta decisión parece estar basada en percepciones injustificadas y conceptos erróneos que difieren significativamente de la realidad del nuevo gobierno del presidente Petro. El actual gobierno ha demostrado una dedicación excepcional en el abordaje de los temas de seguridad y el combate a las economías ilegales, particularmente en su efectivo decomiso de sustancias ilícitas, así como en su lucha contra las estructuras financieras del narcotráfico. Además, el nuevo gobierno colombiano ha mostrado un fuerte apoyo a las políticas migratorias en respuesta a la crisis que enfrenta Estados Unidos. El liderazgo y la dedicación del país a la protección del medio ambiente han ganado reconocimiento internacional y deben recibir un fuerte apoyo y mayores inversiones”, sostuvo este activista.
Según Idrobo, “no extender los recursos necesarios a Colombia no solo plantea desafíos considerables, sino que también socava los cimientos de la democracia. Envía un mensaje contradictorio a los gobiernos que defienden los principios democráticos y se asocian para el progreso. Además, esta decisión pasa por alto la fase crítica de la transformación en curso de Colombia desde el conflicto a la paz, marcada por la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016″.