En los últimos tres años la administración del alcalde Daniel Quintero al frente de Medellín sea una de las más cuestionadas en todo el país. Su disputa con administraciones pasadas por Hidroituango, diferencias con el Concejo por recursos, la entrada y salida constante de funcionarios en diferentes dependencias, así como el manejo presupuestal han sido algunas de las situaciones que han marcado su mandato.
Y es que precisamente en relación con la finanzas públicas una nueva polémica se ha desatado en las últimas horas luego de que se conocieran los gastos de caja menor del despacho del alcalde entre enero y julio de 2023, en medio de la respuesta de la Secretaría de Hacienda a un requerimiento de la Contraloría de Medellín.
El documento revelado por la abogada Gloria Jaramillo y al que tuvo acceso El Tiempo, detalla que en los primeros siete meses de este año de esa caja menor, considerado como un fondo fijo reembolsable para “la cancelación de gastos de funcionamiento que correspondan a imprevistos, urgentes y necesarios con el fin de asegurar el giro normal de las operaciones”, se han ejecutado un total de $185.502.134.
Estos recursos que representan un gasto mensual promedio de unos $26.5 millones, excediendo el monto legalmente planteado ($23.2 millones), se invirtieron en asuntos como gastos de atención y representación, pago a acreedores, pago de peajes y reintegro de fondos.
Pero más allá de haber excedido este tope y que las funciones del despacho de la Alcaldía puedan exigir múltiples requerimientos todos los días, llama la atención algunos gastos que pueden resultar sospechosos para muchas personas.
Por ejemplo, el rubro más importante de los más de $185 millones ejecutados es el de gastos de atención y representación con un total de $107.627.627 y que en su mayoría implica constantes compras en almacenes de cadena, tiendas de insumos para animales y mascotas e incluso una cigarrería a pocas cuadras del Centro Administrativo La Alpujarra donde se encuentra la sede principal de la Alcaldía.
Otra de las situaciones que generan cuestionamientos están relacionadas con que 20 de las facturas presentadas en la respuesta a la Contraloría incluyen gastos de $7.3 millones en un supermercado agropecuario de la Central Mayorista y el gasto de peajes es muy superior en comparación con igual periodo del año anterior.
De los $18.6 millones registrados en estos cobros, particularmente el día que tuvo más gastos fue el pasado 13 de julio, fecha que coincidió con el inicio del periodo de vacaciones del alcalde Quintero.
Hasta el momento sobre estos gastos, que podrían llegar a configurar irregularidades relacionadas con ingresos adicionales a los que se consideran “estimados” recibe el alcalde de la ciudad, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la administración del Distrito, ya sea en cabeza del secretario de Hacienda, Óscar Hurtado; el secretario Privado, Juan David Duque; o el mismo alcalde Quintero.
Esta reciente situación se suma a la apertura de indagación que anunció a mediados de mayo la Procuraduría contra el mismo Quintero por la instalación de publicidad acerca de su gestión para el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos.
La entidad del Ministerio Público aseguró que investigaría un presunto detrimento patrimonial que asciende a los $73 millones, pues dicha publicidad de 250 pasacalles al parecer “no contiene una información verídica que sea del resorte del ente territorial”, precisó la institución.
“De esta manera, la Procuraduría corrobora los funcionarios públicos que habrían realizado las conductas descritas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria”, se lee en un comunicado de este ente.
El mensaje puntual de los pasacalles de la campaña decía: “Es un hecho: el alcalde Daniel Quintero congelará la tarifa de servicios públicos”.