La Procuraduría solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ampliar los plazos para la consulta pública de dos proyectos clave: el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá y la declaratoria de Zona de Reserva en el Suroeste Antioqueño.
El Ministerio Público argumentó que la medida busca garantizar una participación más informada de la ciudadanía y permitir un análisis técnico-jurídico riguroso de las propuestas.
El ente de control pidió una prórroga de 45 días hábiles para la presentación de comentarios al Proyecto de Resolución que establece los lineamientos del ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá.
Según la Procuraduría, el impacto de esta normativa requiere de más tiempo para que los actores involucrados puedan evaluar la propuesta y presentar observaciones que contribuyan a su fortalecimiento.
“Considerando el impacto de esta normativa y la necesidad de otorgar un tiempo adicional para que los actores interesados puedan realizar un análisis técnico-jurídico riguroso y presentar observaciones que fortalezcan el proyecto”, indicó la Procuraduría.
Además, solicitó que se entregue información georreferenciada en formato Shapefile, utilizada en los estudios técnicos que sustentan el proyecto, con el fin de facilitar una revisión detallada de la propuesta.
De igual manera, la Procuraduría requirió una ampliación de 30 días hábiles para la consulta pública del Proyecto de Resolución que busca declarar una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada, en el Suroeste Antioqueño.
La solicitud, presentada por la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, busca garantizar que comunidades, sectores productivos y organizaciones ambientales tengan el tiempo suficiente para analizar el impacto de la medida y presentar observaciones fundamentadas.
Ambas solicitudes, explicó el órgano de control, se fundamentan en el derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales, consagrado en la Constitución Política de Colombia y en el Acuerdo de Escazú.
La Procuraduría enfatizó la importancia de que estos procesos sean abiertos, inclusivos y accesibles, permitiendo una discusión amplia sobre las decisiones que afectan los territorios y sus recursos naturales.
El pasado 3 de marzo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, informó que se puso en consulta pública el proyecto de resolución para establecer los lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá hasta el 14 de marzo
“La Sabana de Bogotá es una región de importancia ecológica para el país, por eso con estos lineamientos de ordenamiento ambiental buscamos conservar ecosistemas que están degradados, proteger los espacios del agua como límites ecológicos para un buen ordenamiento territorial, y asegurar la destinación agropecuaria y forestal del suelo rural de la Sabana. Esta resolución es producto de la necesidad de reglamentar el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, para que podamos transitar hacia una Sabana donde su desarrollo territorial se armonice con los espacios del ciclo del agua, y donde seamos menos vulnerables al cambio climático”, indicó la funcionaria.