La Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía aportó pruebas fiscales que fueron determinantes para que dos señalados integrantes de las disidencias de las Farc fueran condenados por crímenes de líderes sociales en Antioquia y Caquetá.
Así las cosas, según la Fiscalía, Arvey Sánchez Veru, integrante de la estructura Miller Perdomo, fue sentenciado a 18 años y cuatro meses de prisión por su participación en el homicidio de los líderes sociales Gustavo Montoya Rodríguez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Expensa; y Ronald Rodríguez Zuluaga, integrante del Comité de Conciliación de dicha junta. Asimismo, fue declarado responsable del desplazamiento de dos mujeres, una de ellas menor de edad.
Asimismo, la entidad señaló que por estas acciones criminales ocurridas el 28 de octubre de 2019, en zona rural de Cartagena del Chairá (Caquetá), fue condenado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; desplazamiento forzado agravado y concierto para delinquir agravado.
Adicional, añadió que luego de valorar los argumentos de la Fiscalía, un juez penal especializado condenó a 17 años y cinco meses de prisión a Edwin Nicolás Jaramillo Betancur, alias ‘Pateperro’, como responsable del asesinato del líder comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montebello, Francisco Javier Posada, perpetrado el 8 de agosto de 2021, en Toledo (Antioquia).
Finalmente, concluyó que en el curso de la investigación se acreditó que ‘Pateperro’, integrante del denominado frente 5 de las disidencias de las Farc, fue uno de los hombres armados que disparó en contra de la víctima en un establecimiento de comercio. En ese sentido, fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Campaña ‘Lidera la Vida’
La Procuraduría General de la Nación decidió lanzar la campaña ‘Lidera la Vida’, con la que busca dar visibilidad a las labores de los líderes sociales.
Y es que en lo corrido del 2023 se ha presentado el asesinato de 92 líderes sociales, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Hechos que desde la Procuraduría General han atribuido a los grupos ilegales y a la corrupción en el país.
De hecho, hay que señalar que la mayoría de muertos fueron líderes comunales (22 homicidios), seguidos de líderes comunitarios (20 casos) e indígenas (16), que conforman el 63 % de los asesinatos registrados por el ente estatal.
“Hemos evaluado la necesidad de replantearla y actualizar los objetivos, mensajes y piezas de la campaña, teniendo en cuenta los cambios y desafíos en nuestro contexto social y político para fortalecerla en pro de los derechos humanos”, comentó Silvano Gómez Strauch, viceprocurador General de la Nación.
De acuerdo con la entidad, esta campaña lo que busca es llegar hasta los territorios alejados del país para buscar historias de vida de los líderes sociales, para así poder exaltarlas y que en el territorio nacional se conozca la importancia de su labor.
Además, Gómez manifestó que la Procuraduría está trabajando una reforma directiva para poder brindar algunos lineamientos para la protección efectiva de los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos.
“Hemos hecho además requerimientos a la Unidad Nacional de Protección para que priorice las peticiones de los personeros, actualice los estudios de seguridad y fortalezca los esquemas de quienes presenten mayor riesgo, así como sobre la participación permanente de los procuradores regionales y provinciales en los Puestos de Mando Unificado Por la Vida en los municipios, cuyo fin es evaluar las amenazas y coordinar acciones con las autoridades responsables de la seguridad para conjurarlas”, informaron desde la Procuraduría.