La grave situación humanitaria por cuenta del conflicto armado y la presencia de grupos ilegales en muchas zonas de Colombia no solo afecta a los ciudadanos de a pie, los funcionarios públicos y las mismas autoridades civiles también son blanco de amenazas e intimidaciones que dificultan el cumplimiento de sus funciones.
Así lo reveló la Defensoría del Pueblo quien detalló que de acuerdo con los reportes entregados por sus dependencias regionales, un total de 12 alcaldes, en siete departamentos, están despachando por fuera de sus municipios tras recibir amenazas de grupos armados al margen de la ley.
En el listado están las localidad de: Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca), además de Tibú y La Playa (Norte de Santander).
En estos lugares no solo se concentra un interés geoestratégico de los grupos armados para el movimiento de tropas, armas y mercancías, sino que además aparecen otros factores como las rentas ilegales provenientes de actividades como la minería y el narcotráfico, necesarias para el sostenimiento de su presencia.
“Es urgente adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en aquellos municipios donde hoy no existen las condiciones de seguridad para que los funcionarios puedan desempeñar sus labores, ni para la libre defensa de los derechos humanos”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Pero las alcaldías no son los únicos cargos amenazados dentro del contexto del conflicto, que se acentúa de forma especial durante la época preelectoral. También concejales, personeros municipales, corregidores, diputados y presidentes de juntas de acción comunal han tenido que desplazarse de sus territorios para continuar asumiendo sus funciones.
Los reportes de estos casos se han recibido en departamentos como Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, Norte de Santander, Santander y Tolima, que si se suman a donde se han desplazado alcaldes son en total 17 departamentos, más del 50% del total del país.
“Es con verdaderos gestos que se construye la paz. Cualquier manifestación de violencia, como intimidaciones, amenazas, desplazamientos, no es una muestra que contribuya a la paz total”, insistió Camargo a propósito de las conversaciones que adelanta el Gobierno nacional con diferentes grupos armados que operan en el país, e incluso en zonas urbanas como Medellín y el Valle de Aburrá.
Los menores de edad también están afectados
Niños, niñas y adolescentes en territorios donde se vive de manera intensa la guerra resultan siendo poblaciones mucho más vulnerables ante la falta de recursos y oportunidades, situación que la misma Defensoría en los últimos días ha señalado. El ministerio público denuncia que menores estarían recibiendo dinero a cambio de unirse a grupos armados, en especial las Autodefensas Gaitanistas (AGC).
La situación, según la entidad del Ministerio Público, se ha presentado en cuatro municipios del departamento de Bolívar: Mompox, Margarita, San Fernando y Hatillo de Loba, donde los ilegales estarían ofreciendo sumas de hasta $1.500.000 como ‘salario’ para los menores de edad que se sumen a sus filas.
Además de esto, de acuerdo con la Alerta Temprana emitida, mujeres adolescentes y jóvenes también se encuentran en riesgo, pues podrían ser utilizadas con fines sexuales.
“Se deben adoptar medidas urgentes que prevengan y protejan de manera integral a las comunidades; además, se debe adelantar la atención humanitaria en favor de las comunidades, garantizando los derechos humanos y el respeto a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario”, advirtió el defensor del Pueblo.
También, en estas poblaciones se han denunciado situaciones como la restricción a la movilidad, especialmente en los corregimientos y zonas rurales, además de cierres al comercio entre las 6:00 p. m. y las 7:00 p. m.