María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, resultó salpicada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La investigación demostraría que, en el entramado, la exasistente del alto funcionario, presuntamente, tenía la tarea de hacer seguimiento a la entrega de millonarios contratos ‘a dedo’.
Los contratos, por la suma de 92.000 millones de pesos, eran entregados a congresistas de la Comisión de Crédito Público para lograr la aprobación de los empréstitos que el Gobierno necesitaba en la banca internacional.
Según reveló Semana, en medio de la investigación, se ordenó un allanamiento a la casa de Benavides, donde podrían localizar pruebas de su posible participación en el entramado de corrupción en la UNGRD.
Entre otros detalles, fuentes del proceso confirmaron a ese medio que más de diez funcionarios del CTI llegaron hasta la vivienda de la madre de la exasesora, en el norte de Bogotá, con la orden de allanamiento que fue firmada hace unos días por Misael Fernando Rodríguez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Allí, indicaron las fuentes cercanas al caso, los investigadores incautaron diferentes elementos de prueba en las investigaciones en contra de la exfuncionaria y los congresistas implicados en el escándalo de corrupción.
Al parecer, los uniformados habrían llegado con armas de largo alcance a la casa donde estaba Benavides junto a su mamá y a su tía, dos mujeres adultas mayores. Otro dato que trascendió es que el mismo magistrado Rodríguez habría participado en el allanamiento. Sin embargo, el togado negó esta versión.
Apenas días después de la diligencia de allanamiento, María Alejandra Benavides, su mamá, su tía y el abogado recibieron una amenaza por medio de WhatsApp, en la que solicitaban guardar silencio frente al escándalo.
“María Alejandra Benavides Soto, su mamá y su tía, así como el h... de su abogado van a entender que hablar no paga. Brille para ellos la luz perpetua”, se lee en la imagen del chat que conoció Semana. Tras las intimidaciones, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y se pidieron medidas de protección para la exasesora de Bonilla.
La exasesora, quien cumplió una cita con el ente acusador a finales de agosto, ha señalado que no adelantará ningún proceso de negociación, pues alega que demostrará su inocencia.
La investigación apunta a que Benavides habría estado detrás del direccionamiento irregular que pretendería el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para tres proyectos en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, con recursos de la UNGRD.