¿Por qué Colombia no logra frenar la expansión de los cultivos de coca?

Los cultivos de coca en el país se incrementaron en un 52 % entre 2015 y 2016. Es decir, pasó de tener 96.000 hectáreas a 146.000 hectáreas sembradas en todo el país. Ni un metro más ni un metro menos, así el Gobierno Nacional y los sectores de oposición se rasguen las vestiduras afirmando lo contrario.

Así quedó consignado en el último Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2016, que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y aunque las cifras no son nuevas y los reclamos de Estados Unidos por ese fenómeno tampoco, a mediados de semana la cuerda de las relaciones binacionales se volvió a tensar.

Primero, el secretario Adjunto de Estado de EE. UU. para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, aseguró que Colombia descuidó la lucha por estar concentrada en los diálogos de paz con las Farc. Y después, el presidente Donald Trump remató diciendo que: “Está considerando seriamente designar a Colombia como un país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidrogas”.

Ante tal acusación, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sostuvo que el debate de las responsabilidades y si es la oferta o la demanda la que genera el problema de las drogas, se superó. “Ha quedado demostrado que nadie ha ganado solo esta batalla”.

Pero, ¿qué tanto ha hecho Colombia para combatir los cultivos ilícitos, son justificadas o no las amenazas de Estados Unidos? El País presenta tres visiones del asunto.

Isabel Pereira, magister en Estudios de Desarrollo, con énfasis en conflicto y construcción de paz del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Suiza y directora de la Línea de Investigación de Política de Drogas de DeJusticia, dice que lo que el Gobierno Nacional hace enfocarse en planes de sustitución pactados en el marco del acuerdo de paz. El Gobierno lleva el año recorriendo el país, socializando esos planes y si bien, tienen fallas importantes, hay una apuesta en permitir que la gente pueda transitar de la economía ilegal a la legal.

Obviamente, se podría hacer mejor, pero aspirar a que los procesos sean más lentos y no exigirle al campesino que tenga coca desde el inicio, tiene que ser un acierto. Lo que nos tiene hoy con la cantidad de cultivos que hay, es que se invirtió dinero en fumigación y erradicación, pero no se cambiaron las condiciones de vida en los territorios donde viven estas personas.

No se construyeron carreteras ni escuelas, no se llevó agua potable, ni electrificación rural, ni titulación de los predios; entonces la gente siguió construyendo algo que les daba la facilidad de subsanar sus gastos básicos. Si el Gobierno cambia esa tendencia y se enfoca en construir los bienes públicos, se puede hablar de una política de sustitución sostenible en el largo plazo, al menos 10 años, porque son territorios que se deben construir de nuevo, por eso el llamado es a tener paciencia.

Estados Unidos dice que las Farc tiene responsabilidad en el incremento de cultivos ilícitos, sabemos que son disidencias, que no es lo mismo que desmovilizados. Está pasando en Guaviare, pero hay otros actores de siempre que controlan el negocio a nivel territorial y la comercialización de coca. Esas bandas están tomando los territorios porque ni el Ejército, ni la Fuerza Pública, ni las autoridades civiles han entrado. Sí hay comunidades presionadas a no acogerse a los programas de sustitución, pero se da por fallas del Estado de no brindar garantías de seguridad.

Rafael Colón, general (r) de la Infantería de Marina y exdirector del programa de erradicación de cultivos ilícitos en el Gobierno Santos, sostiene que en la práctica, Colombia ha hecho mucho más de lo suficiente y nunca ha quitado el acelerador para enfrentar el problema de las drogas. Es tan complejo el problema como la extensión misma de las 146.000 hectáreas de coca en la Colombia rural.

En teoría, los intereses políticos que surgen en las oficinas, frente a la práctica, esa que llega a proponer acuerdos de sustitución o que llega sin avisar para arrancar matas de coca por la fuerza, confunde a la gente. Los cocaleros no suman votos y quienes lideran las políticas son políticos, que quizás el 7 de agosto ya no estarán en sus puestos.

Las estrategias en Colombia adolecen de integralidad y las que tienen la tarea de implementar los planes de sustitución de cultivos ilícitos, no han sido comprendidas ni explicadas. Al llegar al territorio los programas encuentran que las comunidades y mafias que viven de la hoja de coca, agitan las mismas banderas de reivindicación de derechos que defendieron las guerrillas; allí el Estado solo hizo presencia con uniformados para combatir a las guerrillas y estas hicieron muy bien su tarea de funcionar como reguladoras del territorio.

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Con las Farc desarmadas se abre la posibilidad de poner en marcha programas más integrales y serios, pero surgen problemas que no se miraron en detalle en los acuerdos de La Habana: un ejército de actores con los que hay que coordinar y no hay plata para transformar las extensas zonas cocaleras.

El presidente Donald Trump enfrenta serios líos en su patio: dos huracanes ahogaron a Texas y la Florida y un loco lanza misiles sobre Corea del Sur y Japón, aliados de EE. UU. Y dispara una alarma que debe servir para reflexionar, antes que temerle, y para repensar las estrategias en función de eliminar los cultivos ilícitos y una gran oportunidad para ilustrar mejor a los colombianos sobre la magnitud del problema.

Ángela María Robledo, representante a la Cámara del Partido Verde, habla desde el punto de vista político. Sostiene que la amenaza que lanzó el Presidente de Estados Unidos el pasado miércoles es una más.

“Trump es un bravucón que reparte amenazas a diestra y siniestra, aunque para Colombia es la primera. Amenaza con una descertificación, cuando esta guerra ha significado demasiada sangre y dolor para nuestro pueblo.

Parece extraño decirlo pero EE. UU. necesita de la cooperación con Colombia. El presidente Trump tiene todo el poder para hacerla realidad, pero acá ha habido una relación de tiempo atrás, en muchos casos asimétrica, de un país que a veces nos trata como el patio trasero de América Latina, pero nos necesita. Hay una interdependencia en el mundo cada vez mayor, que hace que nuestra cooperación con ese país sea muy importante para ellos.

Ahora bien, tras décadas y décadas trabajando con aspersión aérea no se han producido los resultados esperados, en esta oportunidad hay una estrategia mucho más integral: el apoyo a 85.000 familias que van a recibir un subsidio que les permita hacer sustitución de cultivos y buscar una alternativa a cultivar coca. De otro lado, el tema de aspersión manual es muy dolorosa y difícil, pero toca combinar las dos estrategias para obtener los resultados que el Gobierno Nacional ha presentado, que consisten en la disminución del 62 % de hectáreas de erradicación de las 50.000 que prometió.

El 69,4% de malla vial del país son vías terciarias, solo 6 % están pavimentadas. Si conectamos el país para comercio, se acaban sembradores coca. Se requiere una política de apoyo a las familias cocaleras, que muchas de ellas han sembrado coca porque no tienen ninguna opción. Recuerdo el trabajo de un grupo de mujeres en Putumayo que luchan por huir de ser cultivadoras de coca, exigiéndole al Gobierno una política integral.

En la región de la Sierra Nevada ocurrió el mayor incremento reportado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, que pasó en 2015 de 7 hectáreas a 35 hectáreas, es decir, que se elevó un 400 %.

Incluso, hace un par de meses se presentaron incendios ocasionados en zonas catalogadas como santas en la Sierra, y según las autoridades la responsabilidad recae sobre paramilitares que querían usar las tierras con fines ilícitos.