La mañana de este viernes se conoció que luego de terminar con la fase probatoria en el proceso contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no existen pruebas pendientes a analizar, según el procurador delegado, por lo que fijaron la nueva diligencia para el 12 de junio.
Cabe mencionar que existe una serie de posibles irregularidades y actos de corrupción ocurridos entre el 2020 y 2023 dentro de la Alcaldía de Medellín fueron revelados y dados a conocer por la revista Semana. Dentro de las sospechas existen presuntas coimas a cambio de contratos y financiaciones en las campañas territoriales.
Las irregularidades tendrían su origen en la Secretaría de Participación Ciudadana, las cuales se habrían extendido a otras dependencias con millonarios presupuestos.
Un grupo de informantes dieron nombres de hombres cercanos a Daniel Quintero, quienes afirmaron que están dispuestos a colaborar con la justicia.
Los encuentros, que al parecer se llevaron a cabo en La Alpujarra, se desarrollaron bajo total reserva, a tal punto que a los asistentes les quitaban sus teléfonos celulares mientras duraban las reuniones. Una de las personas quien asistió a uno de los encuentros y que además pidió omitir su identidad señaló que “como nosotros nos ganamos un contrato, él me reclamó una parte de las ganancias, incluido el IVA. Me dijo que tenía que colaborar con la causa o frenaban el proyecto. Nosotros nos negamos”.
Otras investigaciones se suman a la lista de actos de corruptos de la pasada Administración por lo que la Fiscalía y la Procuraduría también están tras la pista de las presuntas presiones a las que habrían sido sometidos funcionarios de Medellín para aportar parte de su salario a la corporación El Futuro se Parece a Nosotros, entidad que solicitaba dinero para cumplir con sus metas.
La entonces directora de la Unidad de Niñez, Pilar Rodríguez, advirtió que al parecer líderes de la Secretaría de Inclusión habrían condicionado su continuidad en el cargo a las transacciones que hiciera y al dinero que recogiera entre subalternos, bajo la excusa de la supuesta candidatura presidencial de Quintero. “Nos dicen que para la campaña se necesita dinero y que el proyecto político para Quintero es a 20 años. Nos pusieron un documento en el que están trazados los valores para los profesionales, técnicos y bachilleres, para que nosotros, como jefes directos, les cobráramos”, dijo y agregó que fue retirada de su cargo por negarse a pagar.
Esta corporación, que está legalizada en la Cámara de Comercio de Medellín desde 2008, declaró un patrimonio de $15 millones para el año 2019. Su principal objetivo es la “defensa y promoción de la vida, la paz y los derechos humanos, el desarrollo ambiental, cultural, social y educativo; el fortalecimiento de la democracia”.