Siete años después de haber sido expedida la sentencia que consideró sujeto de derechos al río Atrato, que ordenó aplicar el principio de precaución ambiental, y amparar los derechos de las comunidades, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, exhortó al Gobierno para que adopte medidas para enfrentar la crisis humanitaria en el Chocó, en relación con la violencia y con la situación ambiental del departamento.

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La jefe del Ministerio Público expidió la Directiva 009 DE 2022, que exige la creación y aplicación de un plan de contingencia que de un lado cese la violencia, y de otro, garantice la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

De acuerdo con la directiva, los ministerios de Defensa, Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Gobernación del Chocó; las alcaldías municipales y la Presidencia deberán tomar medidas orientadas a prevenir la violencia, promover los derechos humanos y garantizar la protección de los líderes y lideresas sociales, autoridades étnico territoriales y la población del departamento.

Además, el Ministerio de Educación Nacional, a la gobernación y a las alcaldías deberán garantizar el acceso a la educación de calidad y conectividad; infraestructura; educación étnica diferenciada y pertinente, y continuidad en la prestación de este servicio público esencial.

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Asimismo, se deberán tomar acciones que generen desarrollo económico, social y de crecimiento verde, que mejoren la competitividad e integración de los sectores productivos; y solicitó que se promocione el comercio exterior de bienes y servicios ambientales, y se promueva la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo, entre otros, con respeto por la bioculturalidad.

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Gobernación de Chocó deberán mejorar la infraestructura y el acceso a la salud de la población e impulsar, promover y mejorar los planes, programas y proyectos en salud para niños, niñas y adolescentes.