La Procuraduría General terció en la polémica sobre el metro de Bogotá, en su concepto, el determinar hacer una parte subterránea del mismo traerá sobrecostos y pide que haya diligencia y responsabilidad en el manejo de los recursos.

Los comentarios los hizo la Procuraduría en una carta al gerente del proyecto, José Leónidas Narváez, en donde le señalan que “que no encuentra criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y justificación técnica que se traduzcan en beneficios para la movilidad de la ciudad” y que tampoco se ha explicado, de manera amplia, “que las modificaciones propuestas no crearan alteraciones al objetivo original del proyecto”.

En su comunicación, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, indica que las modificaciones para la construcción de la primera línea del Metro deben estar justificados en fundamentos técnicos, financieros y jurídicos, así como el análisis de los riesgos asociados y la forma de mitigarlos.

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“No es procedente en la ejecución del contrato modificar aspectos sustanciales del documento de precalificación y licitación que sirvieron de fundamento para la selección objetiva, previstos como requisitos habilitantes”, señala Procuraduría.

También llaman la atención a tener en cuenta sobre la fluctuación del precio del dólar, las demoras en la ejecución del proyecto y el posible detrimento patrimonial por los dineros invertidos hasta el momento en estudios y diseños, adquisición de predios y traslado de redes, entre otros.

Por último dice que “invertir más recursos en un contrato suscrito y sin que a la fecha se haya presentado ninguna eventualidad que así lo justifique podría acarrear una trasgresión a la moralidad administrativa, y a los principios y fines de la contratación estatal”.