La Procuraduría General de la Nación presentó las conclusiones de su informe de seguimiento a la Ley de acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, donde alertó por el aumento de este tipo de delitos contra los menores de edad.

El ministerio Público resaltó del informe que, del total de casos reportados, las principales víctimas de violencia sexual sigan siendo las mujeres y dentro de este grupo, las niñas y las adolescentes. Para el caso de los hombres, el mayor número de víctimas fueron los niños.

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El informe del ente de control también evidenció que los lugares de mayor riesgo para las víctimas de delitos sexuales son el hogar y los espacios de cuidado; y los hombres adultos, familiares o conocidos, los principales agresores.

El mayor número de casos de violencia sexual se presentan en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, mientras que Amazonas, Guainía, Vaupés y Guaviare son los departamentos donde se registró la mayor tasa de casos en niñas y adolescentes por cada 100.000 mujeres.

La Procuraduría manifestó que, aunque se evidencian esfuerzos institucionales, todavía se presentan situaciones que pueden conllevar a mayores índices de impunidad que deben revisarse, como el alto porcentaje de archivos, el aumento de absoluciones y preclusiones.

También destacó en este tema el bajo número de sentencias y de capturas, y la dificultad en el avance procesal de los casos, ya que la mayoría se encuentra en etapa de indagación.

Por eso, alertó sobre la necesidad de fortalecer la reparación en la justicia ordinaria y la urgente necesidad de aumentar las indemnizaciones a las víctimas.

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Entre las recomendaciones que entregó a las entidades competentes en materia de garantía del derecho de acceso a la justicia de las víctimas, destacó el fortalecimiento de las mismas y de sus sistemas de información, así como garantizar las medidas de atención.

Finalmente, exhortó a las entidades para que adopten medidas urgentes ante la grave situación que se evidencia en el informe, que demanda una respuesta institucional para la judicialización de agresores, la prevención efectiva y la atención oportuna en condiciones de dignidad.