La Procuraduría solicitó a la Corte declarar constitucional la Ley de Inversión Social, que tiene como objetivo adoptar un conjunto de medidas de política fiscal para fortalecer el gasto social y contribuir a la reactivación económica.

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Lo anterior, según el Ministerio Público, porque no se desconocieron los principios de publicidad y consecutividad requeridos, ya que en el debate de la norma ante la Cámara de Representantes se respetaron las exigencias constitucionales, contrario a lo alegado en la demanda.

Además la Procuraduría advirtió que los informes de ponencia sobre la Ley de Inversión Social, se publicaron en los medios oficiales correspondientes un día antes del debate, lo cual fue avalado por la Corte Constitucional al interpretar las exigencias contenidas en la Carta Política y en la Ley 5.ª de 1992.

De igual manera, la Procuradora General expresó que la decisión tomada por la mayoría en el sentido de no aplazar el debate se dio “bajo el entendido de que tenían suficiente ilustración sobre la materia para seguir adelante con la discusión”.

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Finalmente, la entidad constató que la iniciativa se deliberó en una sesión que duró casi 13 horas, en la que se escuchó a los diferentes parlamentarios, se discutieron las proposiciones presentadas y se aprobó el articulado, sin que se advirtiera alguna irregularidad.