La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra Aníbal Gaviria Correa, Luis Enrique Dussán López, Juan Carlos Iral Gómez y Heyder Yovanni Palacio Salazar, gobernadores de Antioquia, Huila, Guainía y Guaviare, respectivamente, por presuntas irregularidades en la ejecución física y presupuestal de proyectos financiados con recursos de regalías que suman $88.065 millones.
En el caso de Antioquia, el ente de control puso la lupa sobre un contrato para el mejoramiento de vías terciarias en los municipios del occidente que habría sido entregado por la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), entidad designada como ejecutora, al contratista Sigma Construcciones S.A., sin tener en cuenta las disposiciones legales para la contratación pública.
Este proyecto que compromete $22.700 millones, según investigaciones llevadas a cabo por parte del Grupo Especial de Seguimiento a Regalías, también tendría deficiencias en estudios topográficos y diseños hidráulicos previos a la obra, así como condiciones técnicas diferentes a las especificadas en la propuesta inicial.
La Procuraduría detalló además que existiría insuficiencia en las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual e incumplimientos por parte del interventor porque no habría advertido sobre dichas inconsistencias.
Por esta razón, además del gobernador Gaviria, al proceso de indagación fueron vinculados los secretarios de Infraestructura departamentales entre los años 2020 y 2021, aparte de la supervisora del contrato de interventoría y el director de Asomura.
El caso del departamento del Huila también está relacionado con infraestructura vial, específicamente con la construcción de un tramo de siete kilómetros en la vía entre los municipios de San Marcos y Acevedo, cuyo valor asciende a los $18.215 millones.
El proyecto se trata de un verdadero ‘elefante blanco’, pues tras ser aprobado en 2015 la obra solo presenta la mitad del avance, aunque la ejecución financiera ya llegó a su totalidad. La Procuraduría identificó irregularidades en etapas clave como la estructuración y formulación del proyecto de inversión, el cual no contaba con estudios y diseños actualizados ni con algunos permisos, licencias ni certificado de sostenibilidad.
Aparte de que los documentos relacionados al proceso contractual no se encuentran en la plataforma de contratación pública SECOP, las situaciones previamente mencionadas también llevaron a un retraso sistemático en la construcción de la vía.
Por esta razón en este caso se decidió vincular además del actual gobernador, a la actual secretaria de Vías e Infraestructura, al secretario de Planeación y el interventor del millonario contrato.
La situación por la cual la Procuraduría anunció investigación contra el gobernador de Guainía tiene de por medio la construcción de dos puentes vehiculares en Inírida, para la vía que comunica a esta población con Caño Pato, cuyo contrato suma $16.150 millones.
La construcción de esta obra de infraestructura acumula más de un año de retrasos en la entrega y comunidades de la zona manifestaron desde su adjudicación malestar al haberse confiado al cuestionado empresario Winston Hernández, como representante legal de la Unión Temporal Puentes de Guainía.
Por ejemplo, en 2020 Hernández reveló a la Fiscalía que servidores públicos de Guainía y Amazonas habrían llegado a algunos acuerdos fraudulentos para direccionar la contratación pública en estas zonas del país. A través de un conglomerado de diferentes empresas, controladas por el exgobernador de Guainía, Oscar Armando Rodríguez Sánchez, se obtenía información privilegiada sobre los requerimientos contractuales y se pagaban $3 millones mensuales a quien entonces era el supervisor de contratos para quedarse con ellos.
En el departamento de Guaviare las investigaciones también vincularon al secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y a la secretaria de Educación por irregularidades detectadas en recursos destinados a proyectos productivos para el fortalecimiento del cultivo de cacao.
El presunto detrimento supera los $31.000 millones representados en fallas como estudios, diseños y presupuestos previos, fallas en la identificación y selección de los beneficiarios, ausencia de planos, diseño de drenajes, construcción de canales y de un sistema de riego vital en los terrenos que serían beneficiados con la iniciativa.
La Procuraduría indicó que durante las investigaciones que lleva a cabo en los próximos días continuará solicitando a las entidades y funcionarios implicados diferentes documentos que permitan establecer y esclarecer sus responsabilidades dentro de los hechos mencionados.