La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la jefe de la cartera aparentemente pasó por alto dar cumplimiento a los artículos 1, 2 y 6 del Decreto 1670 de 2019.
Por ello el organismo de control buscará determinar si por las actuaciones adelantadas por la servidora se materializó un posible detrimento del patrimonio público o si hubo irregularidades, debido a la eventual pérdida de los recursos que a la fecha ya han sido cancelados, con lo que pudo desconocer los principios de la contratación estatal y de la función administrativa.
“Nosotros inmediatamente nos enteramos de los ocurrido aperturamos investigación disciplinaria, quisimos ir hasta Ministerio, fuimos personalmente, yo no, sino la instancia correspondiente, se recogieron todas las pruebas y nos faltan un par de pruebas que casualmente aquí me están diciendo que se ordenaron unas pruebas adicionales para establecer la ocurrencia de esas conductas presuntamente irregulares. Una vez se terminen de recoger las que nos falta, vamos a tomar una decisión. En algunos casos ustedes han visto preferimos hacer la investigación, hacer la instrucción del proceso y tomar una decisión concreta y con pruebas suficientemente establecidas. Muy pronto tendremos una decisión en ese sentido”, reiteró la procuradora Margarita Cabello.