La Procuraduría General de la Nación reiteró su petición al Consejo de Estado de condenar a Odebrecht y sus socios por los denunciados actos de corrupción en el proyecto Ruta del Sol II.

En este sentido, el Ministerio Público solicitó al alto tribunal que confirme el fallo proferido en 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que se condenó a las sociedades a un pago de 715.000 millones de pesos, "por los actos de corrupción que dieron lugar a la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa", señaló el ente de control.

Las afectadas son las sociedades Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. - Episol S.A.S, CSS Constructores S.A.

El pronunciamiento de la Procuraduría se dio este domingo luego de que la periodista Maria Jimena Duzán criticara en su columna publicada en la revista Semana las más recientes decisiones que el ente ha tomado en el proceso.

De acuerdo con lo revelado por Duzán, la Procuraduría envió un concepto en el que se pide que la decisión del tribunal —de multar a la multinacional e inhabilitarla por 10 años— sea suspendida mientras se resuelve la apelación.

"Lo curioso es que la Procuraduría, que es la demandante y ganó el pleito de forma contundente y aleccionadora en la primera instancia, elevó una solicitud hace dos semanas en la que expresa su desacuerdo con la orden dada por el magistrado ponente. Es decir, la Procuraduría ahora quiere que no se cumpla el fallo y que se suspenda mientras esté apelado", aseguró la periodista.

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Al respecto, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, respondió a Duzán y aseguró que la entidad no cederá espacios en la defensa de la moralidad pública, en que se respete el patrimonio de los colombianos, en que el acceso a los servicios públicos y su prestación sea eficiente y oportuna y en la recuperación de la ética pública".

"Que nadie se llame a engaños. Ha sido la Procuraduría la única entidad del Estado que ha logrado condenas patrimoniales contra Odebrecht y sus socios locales. Defenderemos esa condena en el Consejo de Estado, hasta lograr la confirmación de lo fallado en la primera instancia", agregó Carrillo.

Desde el Ministerio Público, por su parte, indicaron que hicieron la solicitud de "tramitar las apelaciones de las sociedades condenadas con efecto suspensivo, como lo estableció el Tribunal Administrativo, y no devolutivo, como lo determinó el señor Magistrado Ponente de la Sección Tercera - Subsección B del Consejo de Estado, en auto del 24 de octubre de 2019".

"En su escrito el Ministerio Público reafirmó su línea de defensa de los derechos del patrimonio público, la moralidad pública y a que el acceso a los servicios públicos y su prestación sea eficiente y oportuna, y pidió mantener la tradición jurídica de la jurisdicción contenciosa de la Ley 472 de 1998, sobre el efecto suspensivo de las apelaciones, que reiteran los códigos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Cpaca, y el General del Proceso, para decisiones declarativas como una inhabilidad", explicaron.

Según la Procuraduría, si en el proceso el magistrado ponente ordena el cumplimiento con carácter inmediato de las inhabilidades de 10 años a las sociedades sancionadas, la entidad "acatará sin reserva esa eventual decisión del Consejo de Estado, sin controvertirla".