Las razones que llevaron a declarar desierta la licitación para la construcción del acueducto de Santa Marta, fueron expuestas por la alcaldesa Virna Johnson Salcedo, ante la Procuraduría que la requirió para tratar la problemática que envuelve las obras de El Curval y que no pudieron iniciar.
Desde un comienzo, el Ministerio Público ha estado al tanto en sus tareas preventivas y ha hecho seguimiento al proyecto con observaciones en temas presupuestales, de planeación, técnicos y jurídicos, siendo acatados y acogidos, en su mayoría, por la Administración municipal.
Durante la reunión, llevada a cabo en la sede de la Procuraduría, en Bogotá, la mandataria explicó que la falta de oferentes hizo inviable seguir adelante con la licitación, razón que la llevó a declarar desierto el procedimiento y no abrirlo nuevamente, lo que será asunto del empalme con la nueva administración.
Allí, Johnson Salcedo argumentó que, a pesar de los esfuerzos de la alcaldía, no se logró contar con el apoyo desde el Gobierno Nacional para la materialización del proyecto con recursos del Presupuesto General de la Nación, razón por la cual, requirió de la aprobación de vigencias futuras extraordinarias ante el Concejo Distrital.
El proyecto El Curval, con inversiones aproximadas a los 1.6 billones de pesos, tiene como objetivo integrar y ampliar la cobertura de las redes de acueducto, en la zona rural y urbana de Santa Marta y de esta forma mejorar la calidad del agua para el 70 por ciento de los samarios que padecen desde casi tres décadas de un servicio deficiente y paquidérmico.
La labor de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública ha estado enfocada en velar por un proceso diáfano y competitivo que conlleve soluciones al distrito, en donde ahora, la última palabra la tendrá la Administración entrante, la cual determinará el desarrollo, planeación y construcción del acueducto.
Para la Procuraduría General de la Nación es primordial que se garantice la construcción de un acueducto con condiciones óptimas para la ciudad de Santa Marta, con el fin de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos