Pastor Lisandro Alape Lascarro, más conocido como Pastor Alape, rindió versión libre este miércoles ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde expuso las preocupaciones, dificultades y trabas en relación con los bienes de las extintas Farc.

“Desde inicios de 2018 hemos acudido a la jurisdicción especial y a la autoridad competente para poner en su conocimiento las deficiencias y la falta de protección a los bienes incluidos en el inventario entregado por las extintas Farc”, dijo Alape en la introducción de su pronunciamiento.

Agregó que el plazo impuesto por el gobierno este año para el cumplimiento del compromiso relacionado con la entrega del inventario de bienes provoca un incumplimiento en lo que fue pactado inicialmente. Según él, su intención no es eludir la responsabilidad, porque saben la importancia de entregar estos bienes para predicar el acuerdo de paz firmado y su reparación a las víctimas.

Pidió a la Jurisdicción realizar un análisis del inventario de bienes más allá de su capacidad para estar en el comercio. “El actual gobierno ha tendido a reducir el inventario exclusivamente a los bienes que gozan de esta facultad, como el oro o el dinero en efectivo”, dijo.

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Sin embargo, según Alape, estos no son los únicos recursos con los que cuenta la extinta guerrilla, pues también están las armas y el material explosivo, principal activo de la organización insurgente. “Son bienes que pudieron ser comercializables, pero por definición de las partes se les dio un nuevo destino más allá de su valor en el mercado, pero es parte integral del inventario”, señaló.

Esta misma apreciación la hizo con respecto a vías y temas de infraestructura que fueron creadas y entregadas por esta organización. También dijo que los miembros de la extinta organización no han podido hacer parte de todos los procesos de elaboración de los cronogramas de entrega de bienes.

En esta audiencia también dio un balance a la fecha, de los bienes entregados por las extintas Farc, entre los que se encuentran 2.114 millones de pesos en efectivo, 450.000 dólares, oro y joyas, semovientes, muebles y enseres, bienes inmuebles y vías terciarias.

También dijo que a pesar de las dificultades burocráticas, las amenazas a la vida de los firmantes, la falta de ocupación del territorio por parte del estado, la presencia de diversos actores que se disputan el control de estos bienes y la pandemia por el Covid-19, han respondido frente a este tema.

Los firmantes de paz han venido adelantando los procesos necesarios para la reparación de las víctimas del conflicto armado desde antes de la expedición del decreto, “por el cual el gobierno busca acelerar la entrega de estos bienes ignorando la realidad objetiva y usando esta fecha para atacar, una vez más, el proceso de reincorporación y el compromiso de cumplimiento por parte de los comparecientes”, dijo.

Frente a estas solicitudes, el magistrado Iván González señaló que la JEP no tiene competencia para modificar el inventario, clasificar sus bienes o tomar sus decisiones con respecto a su modificación, clasificación o toma de decisiones.

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