Ante la incertidumbre que se ha registrado sobre los procesos que tendrán los cementerios en Bogotá, por la suspensión de los servicios funerarios en el Cementerio Central, Cementerio del Norte, Cementerio del Sur y el Cementario Serafín de la capital colombiana, se declaró el estado de urgencia manifiesta para poder contratar con otros sectores privados estos servicios que se registraban en estos campos santos.
Desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) indicaron que en las próximas horas se procederá a redireccionar, mediante la contratación de operadores privados por urgencia manifiesta, los servicios funerarios que estaban previamente asignados.
Cabe señalar que dichas licencias habían sido inicialmente otorgadas con el propósito de brindar servicios en cementerios públicos, pero ahora se modificará su destino.
“El excedente de la tarifa, porque por supuesto va a haber un excedente, porque una cosa es que el público lo preste, porque tiene la infraestructura, los hornos son públicos, las bóvedas son públicas, y otra cosa es que el servicio lo presten los privados, pues esa tarifa diferencial la va a cubrir la Uaesp”, citó Juan Carlos López director de la Uaesp.
La sanción aplicada asciende a la cantidad de $100 millones, marcando la cuarta multa emitida por la Uaesp a esta concesión en particular. Hasta la fecha, el total de las sanciones alcanza la suma de $2.600 millones. Esta medida se ve acompañada de una sanción por incumplimiento, la cual resulta en la inhabilitación del contratista para continuar con la operación.
Frente a una posible crisis sanitaria que deje esta emergencia, indicaron que no se podría enfrentar ningún problema ambiental.
“La Uaesp garantizará la prestación de los procesos funerarios con destino final de inhumación y cremación, que sean requeridos por la ciudadanía y en especial por la población en condición de vulnerabilidad, mediante la contratación de estos servicios con operadores privados”, citó el comunicado de la Uaesp.
Además, el distrito agregó que se mantendrán las subvenciones destinadas a las familias más humildes de la ciudad y en coordinación con la Secretaría Distrital de integración social y su programa Casa Rosada, por lo cual se ampliará la atención a la población en pobreza extrema.
La sanción más reciente, de $100 millones de pesos, se impuso debido a la situación de desorden que se encontró en los cenizarios ubicados en el cementerio Serafín. Esto se debió a la presencia de aproximadamente 12,000 restos humanos que no habían sido reclamados por sus familiares.
Según lo expresado por Prada en una conversación con El Tiempo, se recibió un cenizario común en condiciones caóticas, donde se encontraban más de 12,000 cenizas procedentes de procesos de exhumación y cremación que nunca fueron reclamadas por los familiares o deudos.
Ante esta situación, la concesionaria se vio obligada a encargarse de la cremación de estas cenizas y su posterior resguardo. Además, se tomó la medida de llevar a cabo un proceso de cobro legal para incentivar a las personas a retirar las cenizas y pagar por el servicio.
Además, se presentaron desacuerdos entre la Uaesp y el operador encargado de prestar el servicio. Esto se debió a que, durante los dos años en que el contratista estuvo a cargo, no lograron alcanzar un acuerdo con el distrito para la construcción de una planta de tratamiento destinada a los fluidos generados en el laboratorio de tanatopraxia.
Es importante destacar que este servicio no era parte de las responsabilidades del contratista.
En la actualidad, las familias que tienen a sus seres queridos a punto de ser enterrados esperan que su dolor no se prolongue aún más debido a la imposibilidad de llevar a cabo los entierros.