El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que buscaría otorgar un tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores de drogas ilícitas en el país, el cual solo seria aplicable a quienes renuncien a seguir con esta actividad.

“Se busca fundamentalmente beneficiar a pequeños cultivadores que hayan incurrido en estas conductas, está previsto que se beneficien unas 100.000 familias”, señaló Botero, quien explicó que la iniciativa, por ser un desarrollo del Acuerdo Final de La Habana, se tramitaría vía fast track.

El funcionario explicó que con este proyecto el Gobierno busca transformar la situación económica y social de los territorios afectados por los cultivos ilícitos e intensificar su lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y el lavado de activos.

“No queremos que se sancione el eslabón más débil de la gran empresa del narcotráfico, por eso la medida busca perseguir a las organizaciones criminales que han generado problemas macro, algo que no corresponde a los pequeños cultivadores", manifestó el ministro.

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Para poder acceder a dicho beneficio, los pequeños cultivadores tendrían que vincularse al Programa Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y suscribir un compromiso en el que renuncien a cultivar o mantener plantaciones ilícitas.