Aunque el Gobierno Nacional avanza en la socialización de las propuestas que se incluirían en la reforma a la justicia con la idea de poder radicarla en marzo, esta tan solo llegaría al Congreso de la República en la otra legislatura, en julio próximo.
Así se definió luego de una reunión que tuvo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, con los senadores de la Comisión Primera, en donde se ‘midió’ cómo sería el respaldo político que tendría la iniciativa al inicio de su trámite en el Congreso.
“Se esta conversando, hay que mirar tiempos, si vale la pena en marzo o de acuerdo a los análisis que nos den sea mejor en julio. No hay decisión al respecto. Traerla en marzo es la idea inicial. Hay que ser tranquilos en ese tema”, explicó Cabello.
“Hay que discutir bajo la premisa de que nada es inamovible, lo que se hizo fue articular un borrador”, añadió.
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En tal sentido, la funcionaria ya se ha reunido con las Altas Cortes, la academia y con el Congreso de la República.
“Estamos analizando lo que puede ser el proyecto de reforma para que sea lo mas consensuado posible y por eso hay que revisar todos los tiempos para que vaya de la mejor manera posible”, explicó la Ministra.
Precisó que primero se radicará la reforma que es un acto legislativo, para luego sí dar paso a la ley estatutaria que requería la misma para que se implemente.
Por su parte, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Santiago Valencia, aseguró que la reunión se realizó con el fin de conocer las propuestas que ya se han planteado, como también para que las distintas bancadas expresen su posición.
Asimismo, explicó que por ahora no hay texto definitivo, pero que se va a trabajar en lograr una propuesta consensuada.
En lo avanzado hasta ahora, el articulado de la reforma constitucional incluiría los temas referentes a reforzar la seguridad jurídica. Otro aspecto es quitar las facultades electorales que tienen las Cortes.
Un capítulo más -considerado clave- es el referente a establecer las inhabilidades a los magistrados y a otros altos funcionarios del Estado. Se precisaría también la forma en que se reglamentarían esas inhabilidades.
Otro punto que según la ministra Cabello se ha planteado es establecer el precedente y el de ampliar facultades a entidades privadas con algunas funciones judiciales, esto para la conciliación que podría ser por parte de los notarios y las Cámara de Comercio.