La Policía de Ecuador irrumpió el viernes por la noche en la embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, refugiado desde diciembre en la legación, lo que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Fuerzas especiales de la policía ecuatoriana irrumpieron en la embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. | Foto: AFP or licensors

Es una “violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México (...) he instruido a nuestro canciller que (...) proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”, escribió el presidente Obrador.

Así mismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció frente a este hecho y aseguró que “se ha roto la convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador”.

A través de su cuenta en X, Petro aseguró que “América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente”.

Finalmente, asegura que Colombia respeta el derecho universal al asilo político y se solidarizó con el personal diplomático de México en Quito.

Ecuador defendió la medida alegando que hubo un “abuso de las inmunidades y privilegios” concedidos a la misión diplomática, según un comunicado de la secretaría de Comunicación de la presidencia (Segcom).

En imágenes difundidas por medios locales se ve como los uniformados entran en la legación, ubicada en el norte de Quito y resguardada por policías y militares, para detener a Glas, a quien México concedió asilo el mismo viernes.

La Policía de Ecuador intervino en la Embajada de México en Ecuador para realizar la captura. | Foto: AFP or licensors

Glas, quien ya estuvo preso por corrupción, fue trasladado a una unidad de la fiscalía en Quito. Sobre él pesa una orden de prisión en el marco de una indagación por el presunto delito de apropiación o uso ilegal de bienes del Estado.