Por Cristian Camilo Almanza, de Colprensa
El reciente debate en Colombia sobre la posible eliminación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) generó preocupación y discusión en todo el país. En medio de esta controversia, el presidente Gustavo Petro, en contravía con el director de la Adres, continúa planteando la eliminación del Soat.
Esta situación plantea una serie de interrogantes sobre el sistema actual y su funcionamiento: ¿Qué está mal en el sistema que lleva a que paramédicos terminen disputando a golpes la atención de un paciente y qué tan viable es encontrar un nuevo sistema que funcione?
Emilio Archila, exsuperintendente delegado para Seguros y Capitalización y exconsejero presidencial para la Estabilización, asegura que el Soat es útil porque distribuye el riesgo de accidentes de tránsito entre todos los propietarios de vehículos en el país.
“En el caso del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, la prima la pagamos todos los propietarios de vehículos, carros, motos, camiones y buses. Y los beneficios los reciben aquellas personas que resulten involucradas en un siniestro vial y tengan que ser atendidas por una institución prestadora de salud”, agregó Darío Hidalgo, profesor experto en transporte y logística de la Pontificia Universidad Javeriana.
Y agregó: “El costo es pequeño en comparación al costo que implicaría a una familia atender una situación de salud como consecuencia de un siniestro vial”.
Antes de la implementación del Soat, muchas personas perdían la vida o quedaban discapacitadas debido a la falta de atención médica o a la negativa de las instituciones de salud para atenderlos. Para el experto, la llegada de este seguro generó una transformación en la atención de las urgencias viales, asegurando una cobertura mínima incluso para aquellos vehículos que no tienen el seguro.
¿QUE NO ESTÁ FUNCIONANDO?
Desde la perspectiva de Archila, existe una oportunidad de revisar integralmente el funcionamiento del Soat. En el Plan Nacional de Desarrollo se ha incluido la facultad del Gobierno para llevar a cabo esta revisión, lo que permite abordar los puntos críticos del seguro, que para el experto son problemas de distribución, la necesidad de controlar la evasión y el fraude.
En este sentido, Archila destacó la necesidad de examinar la forma en que se establecen las tarifas del SOAT, asegurando que estas sean suficientes para cubrir los costos relacionados con los accidentes de tránsito y no para otros fines. “Es importante que entendamos que, si se eliminara el SOAT, eso no quiere decir que los accidentes de tránsito no seguirán ocurriendo”, afirmó.
El experto resaltó que las tarifas pagadas a hospitales, ambulancias y prestadores de salud deberían ser uniformes entre los accidentes cubiertos por el SOAT y los que no lo están, para evitar situaciones como las ocurridas con las ambulancias.
Para Hilda María Gómez, consultora del Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial y el Banco Mundial, y exdirectora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, la eliminación del SOAT tendría consecuencias tanto a nivel financiero como en la atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
En términos financieros, sería una carga adicional para un sistema de salud ya deteriorado. Además, se requeriría reemplazar los recursos generados por las pólizas del Soat con fondos del sector salud. La consultora advirtió que “países sin seguro obligatorio para accidentes viales gastan más de sus propios presupuestos”.
En cuanto a la atención de las víctimas, Gómez Vélez resaltó la importancia de la “hora dorada”, que se refiere a la necesidad de atención oportuna en la primera hora después de un accidente. Retrasos en esta atención pueden resultar en daños mayores a la salud y reducir la posibilidad de recuperación.
La eliminación del Soat estaría en desacuerdo con las recomendaciones de la ONU en su Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que incluye la necesidad de seguros obligatorios de responsabilidad civil, afirmó Gómez.
Además, abordó el problema de las disputas entre ambulancias por pacientes, relacionadas con el SOAT. Para ella, algunas redes de ambulancias compiten por recoger pacientes debido a incentivos ofrecidos por ciertos centros de salud.
La experta sugirió que las tarifas del SOAT para servicios médicos pueden estar influyendo en este comportamiento y propuso eliminar estas tarifas, así como auditar y controlar los servicios prestados con cargo al SOAT para garantizar que las lesiones sean realmente producto de siniestros viales.
En el caso de Hidalgo, uno de los principales problemas fue el aumento de la siniestralidad en el año 2023. Según sus declaraciones, el país experimentó un récord con cerca de 9 mil muertes al año en siniestros viales, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores.
Este incremento en las fatalidades se multiplicó drásticamente debido a la gran cantidad de heridos que resultan de estos accidentes, lo que llevó al sistema de aseguramiento en salud al límite de su capacidad.
La siniestralidad se concentró, en su mayoría, en los accidentes de motocicletas, que representan el 60% de las fatalidades en el país. Además, la mitad de las fatalidades de peatones ocurrieron en interacción con motocicletas, lo que pone de manifiesto el alto riesgo que representan estos vehículos en el país.
Otro problema crítico es el incumplimiento de algunos propietarios de vehículos en el pago del Soat. Según datos de Fasecolda, más del 60 % de las motocicletas en circulación no han adquirido el seguro obligatorio, y un poco más del 40 % de todos los vehículos de cualquier tipo no lo tienen.
Adicionalmente, Hidalgo destacó que algunas ambulancias presentan reclamaciones fraudulentas al sistema, alegando el transporte de heridos que nunca han transportado. Del mismo modo, algunas instituciones prestadoras de salud cargan al Soat heridos que no están relacionados con accidentes viales, lo que constituye un fraude. Según un estudio anterior de Fasecolda, hasta el 30 % de las reclamaciones podrían ser fraudulentas.
El profesor criticó la existencia de descuentos en el Soat para vehículos que son responsables de un alto número de siniestros, especialmente las motocicletas. Estos descuentos, ideados originalmente como un paliativo para contrarrestar el aumento en el costo de la gasolina, son erróneos, debido a que las pólizas deberían ser más costosas para los vehículos de mayor riesgo y no basadas en el valor del vehículo, expresó Hidalgo.
¿POSIBLES SOLUCIONES?
Ante las múltiples problemáticas que se evidencian en el debate, se puede concluir que un punto en común es entender los aspectos positivos de contar con este seguro en el país y lo perjudicial que podría ser erradicarlo, en ese sentido: ¿Qué soluciones se pueden plantear para mejorar el sistema?
En respuesta a la corrupción y la captura de dineros de la salud asociados al Soat, Gómez insistió en ejercer un control riguroso sobre los servicios que se prestan con cargo de este seguro, supervisado tanto por las agencias de seguros como por la Superintendencia de Salud.
La experta recalcó que la experiencia internacional respalda la importancia de los seguros obligatorios de accidentes de tránsito. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras, que carecen de un Soat, tuvieron que destinar más recursos de sus presupuestos generales para atender a víctimas de siniestros viales.
Hidalgo, insistió en que, en lugar de eliminar el Soat, se debe mejorar el sistema actual para evitar una disminución en la atención y mayores costos para el sistema de salud. La propuesta central de Hidalgo es desvincular el costo del Soat del valor del vehículo y en su lugar asociarlo a la siniestralidad y el historial de manejo de los vehículos.
Esto significa que los vehículos de mayor riesgo, especialmente las motocicletas, tendrían primas más altas que los vehículos que han demostrado un buen desempeño en el tiempo. Si bien esta medida podría aumentar los costos para los propietarios, se considera un incentivo para fomentar una conducción segura y premiar a quienes mantienen un buen historial.
Hidalgo planteó la importancia de implementar mecanismos de control para mejorar la seguridad vial, reducir los costos y prevenir el fraude en el sistema. También destacó la necesidad de garantizar que todos los vehículos cumplan con el requisito del Soat, lo que podría lograrse mediante un mayor control y aplicación de multas a los infractores.
En definitiva, el SOAT es un seguro esencial en Colombia, se requiere de una revisión integral para mejorar su eficiencia y equidad en su aplicación. La transparencia en las tarifas y la cooperación entre entidades son cruciales para garantizar la sostenibilidad del sistema. Se hace útil y necesaria la cooperación entre la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Nacional de Salud, las autoridades de tránsito y las aseguradoras para prevenir el fraude en el sistema.